Grupo armado libera a 15 de los 60 habitantes de Altamirano secuestrados
Exigen la liberación de un individuo que lleva 15 días recluido en una cárcel ejidal de Altamirano
15 de los 60 ejidatarios secuestrados en el municipio de Altamirano fueron puestos en libertad, al tiempo que se reforzó la seguridad en la zona, informaron autoridades del estado de Chiapas. Este incidente ocurrió en el contexto de una intensa disputa por el control del municipio. María García López, presidenta del concejo municipal, confirmó los hechos.
El conflicto enfrenta a dos grupos: uno liderado por el concejo municipal y otro encabezado por el exalcalde Roberto Pinto Kánter, del Partido Verde Ecologista de México. En los últimos meses, la tensión se ha incrementado.
De acuerdo con fuentes oficiales, los 60 ciudadanos fueron emboscados y retenidos el martes por la tarde en la comunidad Yaalcuk, en el municipio de Huixtán. Estos pobladores habían viajado a Tuxtla Gutiérrez para reunirse con funcionarios estatales y diputados locales, exigiendo la destitución del concejo municipal y una auditoría a su gestión.
Los secuestradores exigen la liberación de un individuo que lleva 15 días recluido en una cárcel ejidal de Altamirano.
En un intento por resolver la crisis, grupos rivales de Altamirano acordaron que la policía estatal asumirá el control de los puntos de seguridad en la cabecera municipal y áreas críticas. También se comprometieron a consultar a sus seguidores sobre el desbloqueo de los accesos y, posteriormente, liberar a los secuestrados. Se fortalecerán las medidas de seguridad con la colaboración de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal.
La presidenta del concejo, María García López, hizo un llamado a los familiares de los secuestrados a mantener la calma y expresó su confianza en que el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, está trabajando para encontrar una solución pacífica, lo que será imposible mientras persista la política oficial de no aplicar la fuerza legítima del Estado para someter a grupos criminales que enrarecen el ambiente de infinidad de comunidades en el país.
