Explosivas declaraciones de la valiente extitular de la Comisión de Búsqueda

LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López Segura

Karla Quintana, ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, reveló en un seminario en el Colegio de México -según retoma la agencia informativa AP- que su renuncia en agosto pasado se debió a la evidente intención del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de reducir la cifra de personas desaparecidas en el país, en particular durante su mandato.

Claro que la intención de reducir el número de personas desaparecidas debe ser considerado como algo loable, pero la consecución de ese noble propósito tendría más que ver con someter al crimen organizado que con el desparpajado maquillaje de las cifras “por órdenes superiores”.

La renuncia de esta valiente ex funcionaria se produjo tras el anuncio del presidente de realizar un nuevo recuento de personas desaparecidas, argumentando que el registro oficial, a cargo de Quintana, presentaba cifras excesivamente altas, pues según el alegato presidencial, muchas de las personas registradas como desaparecidas podrían haber regresado a sus hogares sin que la Comisión se hubiera enterado, de ahí la necesidad -de acuerdo con el criterio del mandatario- de realizar una suerte de censo de actualización.

Karla Quintana expresó su disposición a actualizar el registro, siempre con la intención de mejorar la información y aumentar las posibilidades de encontrar a las personas desaparecidas, independientemente de si la cifra final era mayor o menor.

Además, todos esperaríamos que dicha actualización fuera el resultado de una búsqueda profesional de las presuntas víctimas, y no de un compulsivo “conteo” para mejorar la imagen pública de un Gobierno preocupado al parecer más por su propio prestigio que por aliviar el dolor de los familiares de desaparecidos.

El problema que condujo a su renuncia, según Quintana, fue la intención de utilizar personal no especializado para reducir la lista de personas desaparecidas, en lugar de mejorar la calidad del registro, lo cual debería ser tomado como un nuevo escándalo de la administración obradorista, empeñada en distorsionar las cifras de la rampante impunidad que impera en el país, mientras obsequia con abrazos a los delincuentes.

Según dicho registro, se contabilizan más de 112 mil desaparecidos en México. A pesar de la creación de organismos como la Comisión y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, destinados a la búsqueda y la identificación de restos, la tasa de personas desaparecidas y de familias en busca de sus seres queridos continuó aumentando.

La sucesión de Quintana en el cargo recayó en Teresa Guadalupe Reyes, funcionaria con experiencia en áreas como educación, bienestar, finanzas y organización política del partido oficialista, Morena. Sin embargo, su designación generó críticas por falta de consulta, participación, transparencia y escrutinio, tanto por activistas como por la oficina de la ONU en México.

El tema de los desaparecidos sigue siendo una de las principales preocupaciones en México, especialmente en regiones con alta actividad del crimen organizado, representando un desafío significativo en materia de derechos humanos que la administración de López Obrador parece ignorar por completo.