La propia gobernadora Delfina Gómez jura que su única intención es “aplicar la ley”

LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López Segura

La alcaldía de la capital mexiquense ha sido un terrible dolor de cabeza en las últimas décadas, para todas las fuerzas políticas, tanto para los alcaldes en funciones durante la era de la hegemonía prianista, como en los dos recientes periodos prianmorenistas, es decir, el de la pasada administración de Juan Rodolfo Sánchez Gómez -un panista de cepa enfundado en una casaca guinda que le quedó grandísima-, como en la actual, encabezada por el priista Raymundo Martínez, quien será quizá el último bastión del eruvielismo en activo.

Ambos gobiernos fueron desastrosos y seguramente sus alcaldes terminarán en la cárcel, como es el caso evidente ahora de Raymundo Martínez, como será el de Juanro, si la coyuntura actual permite que se afloje un tanto el pacto de impunidad que AMLO mantiene con “el licenciado Peña Nieto“.

El escándalo del momento desatado por la celeridad con la que la Fiscalía Mexiquense, presuntamente autónoma, decidió defenestrar al alcalde Martínez Carbajal tan pronto como su ex esposa difundió un video acusándolo de muchos delitos, incluido el de “secuestro exprés” de su padre, ha provocado la reacción -bastante lenta por cierto- de todas las fuerzas políticas en disputa, incluida la gobernadora Delfina Gómez, muy preocupados en insistir que el asunto no tiene un carácter de tipo político, sino estrictamente jurídico.

Mal asesorada, la maestra Delfina declaró, tajante: “Que estén seguros los ciudadanos que la intención de la gobernadora es aplicar la Ley de acuerdo a Derecho, no caer en injusticias… y tampoco se debe confundir con un tema político”.

Con esa declaración improvisada, la indudablemente bien intencionada mandataria cayó en la trampa que le tendió la presunta víctima, es decir, la ex esposa del alcaldillo al invocar su ayuda en el video, porque no solo comprometió la presunta independencia del fiscal -que se supone ya no es un procurador a las órdenes del Ejecutivo-, sino que se pone en el predicamento de ser señalada de usar la justicia con fines político electorales, por mucho que ella misma y sus huestes de voceros en la prensa boletinera, juren lo contrario.

Debió haberse limitado la joven gobernadora -no me refiero a su edad, sino al tiempo que lleva ejerciendo el delicadísimo encargo- que ese asunto correspondía enteramente a las instancias judiciales, recalcando que son independientes, y que a ella solo toca esperar que se resuelvan con apego irrestricto a la ley, impedida como está para interferir en el debido proceso, y a opinar sobre asuntos que a todas luces apuntan a cuestiones de tipo personal, que terminaron mezclándose indebidamente con el ejercicio de la autoridad… o cualquier cosa por el estilo.

El meollo para desentrañar este sorprendente caso, en mi opinión, se relaciona con la posibilidad de vincular el insólito despliegue de la Fiscalía mexiquense, dominada por el famoso Grupo de “Los Primos” -comandado directamente por Enrique Peña Nieto-, con la traición de Eruviel Ávila y su intención de asegurarle a su controvertida pandilla de excolaboradores, puestos de elección popular, a través de la agencia verde de empleos de Pepe Couttolenc, así como el desdén del doctor Higinio Martínez, amigo de Eruviel, hacia el ofrecimiento de la Maestra Delfina de un puesto en su gabinete, aunque meramente decorativo, desdén mal suavizado con el planteamiento, inverosímil, de que la senaduría mexiquense puede ser usada como una suerte de embajada, lo que definitivamente es falso.

Una vez que don Andrés trate de instalar su maximato desde Palenque -si es que Claudia se lo permite, que lo dudo mucho-, Doña Delfina va a tener que madurar rápidamente en el ejercicio del poder, porque -y eso es lo que le dicen al oído los malquerientes del Dr. Martínez, enviados paradójicamente por el tercer miembro de la triada, Horacio Duarte– la senaduría provee de fuero, foro y la posibilidad legal de hacer grilla en el territorio sin límite alguno. Pensando, claro, en el ejercicio obligatorio de la revocación del mandato dentro de 3 años.

¿O acaso alguien cree que estos viejos lobos de mar solo piensan en el corto plazo?