Declara el fiscal gringo, Merrick Garland, que los cárteles mexicanos tienen más lana que algunos países

Me sorprendió gratamente el enorme consenso que el Presidente López Obrador logró aglutinar en su favor en la conferencia de ayer de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), cuya participación en video, vía remota, reprodujo hoy el mandatario mexicano en su Matutina.

Ningún país, ni tampoco ningún analista serio, en su sano juicio, podría justificar el acto de barbarie del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, al haber ordenado -por el motivo que fuere- invadir con policías armados la embajada mexicana en Quito. Ni siquiera el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se atrevió a refrendar su ferocidad conservadora habitual en este caso, lo que me sorprendió por partida doble. Solo El Salvador se abstuvo -al menos en el foro de la OEA– de alinearse con la condena general al gobierno ecuatoriano.

Dicho esto, me interesaría dilucidar cómo es posible que ninguno de los mandatarios -entre los que destaca el de Colombia, Gustavo Petro que, siendo “de izquierda”, ha mantenido posturas críticas respecto de la política de “abrazos y no balazos” a la delincuencia de Andrés Manuel López Obrador– haya mencionado, aunque fuera de pasada, en su condena a Ecuador, las agresiones previas sufridas por los ecuatorianos a manos de los cárteles mexicanos (incluido un reciente magnicidio) y del propio Presidente que los abraza, es decir, que les permite consolidar su imperio en México, desde donde pueden extender sus actividades criminales a otros países, señaladamente Ecuador.

AMLO no solo no se disculpó nunca por el magnicidio que probadamente perpetraron mexicanos que han invadido Ecuador y han torturado y extorsionado a sus ciudadanos, sino que acusó públicamente a Noboa de haberse beneficiado con ese asesinato y amenazó con enviar un avión militar por el delincuente Jorge Glas, refugiado en nuestra embajada en Quito y sentenciado por haber recibido millones de dólares de Odebrecht, entre otros delitos graves, crímenes que, por cierto, López Obrador ha sido incapaz de castigar en México.

El Presidente López presume frecuentemente que su movimiento revolucionario es pacífico, aunque lo compara con otros como las luchas por la Independencia, la Reforma y la Revolución mexicanas, que fueron armadas.

Sin embargo, este movimiento “pacífico” ha costado ya casi 200 mil vidas en lo que va de su administración, incluidas las de muchos periodistas, lo que ubica a México actualmente como el país más peligroso del mundo para ejercer ese oficio, agredido verbalmente por el mandatario como nunca antes en la historia nacional.

Los narcos mexicanos ya empezaron a tomar vidas en otros países donde han extendido sus negocios transnacionales de la muerte, incluida la de Fernando Villavicencio, quien había amenazado por cierto, en su campaña presidencial, con combatirlos, de llegar al cargo, lo que parece preocuparles menos a los mandatarios latinoamericanos que el hecho, ciertamente reprobable, de que Noboa haya entrado a la embajada mexicana a aprehender a un delincuente juzgado y condenado.

Pero la internacionalización del crimen organizado de México, que crece y florece al amparo de la política de abrazos y no balazos a la delincuencia, también dio cuenta de los 6 sicarios que estaban presos en la cárcel de Guayaquil por el asesinato de Villavicencio, ultimados con el claro propósito de obstruir las investigaciones sobre el magnicidio. Ni siquiera ese hecho ha llamado la atención de los mandatarios latinos que ayer pronunciaban sus encendidos discursos de indignación contra Noboa y de respaldo al “narcopresidente” López Obrador.

El Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland, abona a este escándalo de expansión transnacional de criminales, asegurando que los cárteles del narcotráfico en México son tan poderosos que incluso llegan a tener más ingresos que las economías de algunos países.

“Son enormemente rentables”, advirtió Garland durante una comparecencia este martes ante la Cámara de Representantes.