“Las Fuerzas Armadas históricamente han evitado rendir cuentas ante la justicia”

Amnistía Internacional México y el Colectivo #SeguridadSinGuerra instaron a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a rechazar la reforma constitucional que transfiere la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Las organizaciones señalan que las Fuerzas Armadas históricamente han evitado rendir cuentas ante la justicia.

El llamado se produce después de que Sheinbaum anunciara la consolidación de la Guardia Nacional como parte de la Sedena en octubre, durante la inauguración de un cuartel en Oaxaca. Este anuncio fue festejado con bombo y platillo por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Amnistía Internacional y #SeguridadSinGuerra advirtieron que la iniciativa de reforma, presentada por López Obrador en febrero, militarizaría la Guardia Nacional y ampliaría el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Las ONG argumentan que esto redefine las relaciones cívico-militares y viola el artículo 129 de la Constitución, que limita las funciones de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz.

Las organizaciones subrayan que esta reforma representaría una ruptura del orden constitucional establecido en 1917, que subordina las Fuerzas Armadas a la autoridad civil. También advierten que la reforma validaría la participación de militares en la vida pública civil y en tareas que violan las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos.

Los militares no están capacitados para proteger los derechos humanos

Amnistía Internacional y #SeguridadSinGuerra sostienen que un paradigma militar ha fracasado desde 2006 y que una Guardia Nacional militarizada pone en riesgo las libertades y derechos humanos. Abogan por la seguridad ciudadana, resaltando que las funciones de las fuerzas armadas y las policías civiles son distintas y deben mantenerse separadas.

Finalmente, las ONG proponen un plan de desmilitarización y la creación de mecanismos de fiscalización para las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Insisten en fortalecer las capacidades de los cuerpos policiales civiles y asegurar que las personas estén en el centro de la seguridad pública.