Tres preguntas que debe responder cualquier análisis serio sobre la eventualidad de un narcogobierno en México

Según una nota de Proceso, titulada “Rocha Moya, el viaje fantasma a EU y las ligas con Los Chapitos“, funcionarios de aduanas de EE. UU. aseguraron que no hay registro de la entrada de Rubén Rocha Moya al país el 25 de julio, desmintiendo su afirmación de haber estado en Los Angeles ese día. Surge entonces la primera pregunta ¿por qué mintió el gobernador de Sinaloa en un asunto tan delicado, como el que podría implicarlo en el secuestro del Mayo Zambada a manos de Los Chapitos, su entrega a los Estados Unidos sin informar al gobierno de la República, e incluso el asesinato de Héctor Melesio Cuén?

Zambada asistió a una reunión en Culiacán con Guzmán López y Héctor Melesio Cuén, pero Rocha Moya no se presentó, lo que levantó sospechas. Una fuente del Cártel de Sinaloa afirmó que Rocha Moya sabía del plan para capturar a Zambada y permitió que Los Chapitos usaran su nombre.

Captura de El Mayo Zambada en EE.UU.

El texto menciona que Rocha Moya ya había tenido reuniones previas con líderes del Cártel de Sinaloa durante su campaña por la gubernatura en 2020 y existen testimonio de él mismo, en entrevista con Carlos Loret de Mola, en el sentido de que “no se puede gobernar Sinaloa sin tener negociaciones y acuerdos con los narcos”.

Todo ello conduce directamente a la hipótesis, perfectamente fundada, de que Rubén Rocha Moya es un narcogobernador y entonces surge otra pregunta esencial: ¿Por qué lo han defendido y exonerado de bote pronto, sin una investigación previa, tanto el expresidente López Obrador como la Presidenta Sheinbaum?

¿Por qué Claudia Sheinbaum y AMLO protegen a Rubén Rocha Moya?

Los indicios de que el de AMLO fue un narcogobierno son innumerables, empezando por la tontería esa de abrazar a la delincuencia; ordenar a la GN no actuar, dizque para “evitar masacres”; órdenes a la Fiscalía General de la República de no actuar contra expresidentes, especialmente contra Calderón por el escándalo de García Luna; frecuentes viajes y obras para Badiraguato; exhorto a los criminales de pacificar Culiacán y alrededores “por el bien de sus propias familias, estado y país”; reportajes de Anabel Hernández demostrando, con el mismo tipo de testimonios que hundieron judicialmente a Genaro García Luna, que los narcos financiaron las campañas de AMLO desde el 2006; y el más importante de todos:

La obsesión de los operadores políticos de AMLO heredados a la nueva administración (Adán Augusto en el Senado, Monreal en la Cámara Baja, Rosa Icela en Gobernación, Jesús Ramírez en la coordinación de asesores, y hasta su hijo Andy en el partido Morena) de imponer una reforma judicial, inconstitucional por donde quiera que se le vea, que en los hechos, es decir, fuera de toda retórica demagógicamente “democrática”, terminará entregándole el Poder Judicial, completito, a los abogados de los narcos y de la 4té, así como a los delincuentes de cuello blanco, mediante los vericuetos financieros legales e ilegales de la democracia de mercado.

Surge entonces la tercera pregunta crucial: ¿Estará consciente Claudia Sheinbaum del paquete envenenado que le impuso su mentor político y cuánto tiempo le llevará darse cuenta de la emboscada que le tendieron, habida cuenta de las prisas de todos esos operadores políticos del obradorismo en romper nuestro orden constitucional?

Tic tac… Tic tac… Tic tac.