El caso implica una falta de supervisión institucional, y la posible complicidad activa de figuras de autoridad
La detención de Cenobio “N”, exdirector de la Escuela Normal Rural de Tenería, bajo la acusación de encubrir el homicidio de un estudiante, arroja luz sobre una preocupante cultura de encubrimiento dentro de algunas instituciones educativas en México, en la obstrucción de la justicia.
Cenobio “N”, alias “El Che”, es señalado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por presuntamente encubrir el homicidio de B.I.Z.R., un alumno que fue brutalmente golpeado por cuatro compañeros y que falleció posteriormente. Según los testimonios, el exdirector no solo omitió informar a las autoridades sobre el crimen, sino que también habría ayudado a ocultar pruebas cruciales, como el arma utilizada en la agresión, lo que agrava aún más la situación.
Este caso plantea serias interrogantes sobre el nivel de responsabilidad de quienes ocupan posiciones de poder en instituciones educativas como la Normal de Tenería. La aparente voluntad de Cenobio “N” para ocultar el crimen en lugar de colaborar con las autoridades refleja una profunda falta de ética y un mal manejo de la situación que no solo afecta a la víctima, sino que también mina la confianza en la justicia y en las instituciones educativas.
Cenobio “N” alias “El Che” detenido por asesinato de estudiante de la Normal de Tenería
Además, el hecho de que Cenobio “N” diera instrucciones explícitas para impedir el acceso de las autoridades a la escuela, y amenazara a testigos para mantener el silencio, subraya una actitud de impunidad dentro de la institución. Estas acciones no solo demuestran un encubrimiento flagrante, sino que también podrían alentar una cultura de violencia y abuso al interior de la escuela, al proteger a los responsables y evitar su sanción.
La FGJEM ha iniciado acciones para detener a los otros implicados en el homicidio, pero la detención de “El Che” refleja el enorme desafío que enfrenta el sistema de justicia al tratar de desenmarañar redes de complicidad y corrupción en instituciones que, paradójicamente, deberían ser centros de formación ética y ciudadana.
Este caso ilustra la urgente necesidad de reformar los mecanismos de supervisión y responsabilidad en las escuelas, especialmente en aquellas con un historial de opacidad. No se trata solo de juzgar a los autores materiales e intelectuales de un homicidio, sino también de garantizar que el liderazgo institucional actúe con transparencia y un firme compromiso con la legalidad.
