Alejandro Toledo es el segundo exmandatario peruano condenado por corrupción, luego de Fujimori

El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, fue condenado a 20 años y seis meses de prisión por colusión y lavado de activos en el caso Odebrecht. Se le acusó de haber recibido 35 millones de dólares de la constructora brasileña a cambio de adjudicar la construcción de un tramo de la carretera Interoceánica, que une Brasil con el sur de Perú. La jueza Inés Rojas, quien presidió el caso, lo consideró el principal responsable de estos delitos y señaló que Toledo incumplió con su deber de actuar con imparcialidad y proteger los bienes del Estado.

Toledo, quien ya estaba en prisión preventiva desde abril de 2023 tras ser extraditado de Estados Unidos, es el segundo expresidente peruano condenado por corrupción, después de Alberto Fujimori, quien recibió múltiples condenas en 2009 por este delito y por violaciones de derechos humanos. En este caso, la fiscalía presentó más de mil pruebas documentales y testimonios de más de 100 testigos, destacando las declaraciones del exejecutivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien confirmó los pagos ilícitos.

Durante su última intervención en el juicio, Toledo pidió a los jueces que le permitieran regresar a su casa debido a su delicado estado de salud, alegando que tenía cáncer y problemas cardíacos, pero su solicitud fue rechazada. La jueza dictaminó que permanecerá en prisión hasta 2043, cuando cumpla 97 años.

El juicio de Toledo ha sido considerado un hito en la lucha contra la corrupción en Perú, un país donde otros expresidentes, como Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, también están bajo investigación por sus vínculos con Odebrecht. El caso más dramático fue el de Alan García, quien se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido por presunta corrupción relacionada con la misma constructora brasileña.

Odebrecht, que cambió su nombre a Novonor en 2020, ha estado en el centro de un escándalo de sobornos en varios países de América Latina, lo que desató investigaciones contra altos funcionarios y empresarios desde que la empresa admitió los pagos ilícitos en 2016. La condena de Toledo refuerza el mensaje de que los crímenes de corrupción no quedarán impunes en Perú.