Dos sexenios de horror, impunidad, encubrimiento y simulación gubernamental

En la región Valles de Jalisco, cuna del tequila, los cárteles han operado con total impunidad campos de reclutamiento forzado y exterminio desde hace al menos dos sexenios. A pesar de múltiples hallazgos macabros, el gobierno estatal y federal han optado por la simulación y el encubrimiento, permitiendo que estos centros sigan operando, revela un amplio reporte de la revista Proceso.

El primer registro de estos lugares de terror data de 2017, cuando un joven logró escapar de un campamento en Tala y reveló la existencia de un sitio donde las víctimas eran adiestradas a la fuerza y, en muchos casos, asesinadas. A lo largo de los años, las autoridades han realizado operativos esporádicos que solo rascan la superficie del problema, mientras los colectivos de búsqueda han sido quienes realmente han expuesto la magnitud de estos crímenes.

Los cárteles secuestran a personas con falsas ofertas de trabajo, sometiéndolas a entrenamiento paramilitar. Quienes se resisten son ejecutados, y sus restos calcinados en hornos clandestinos. La connivencia de las autoridades es evidente: en 2024, tras la detección de un nuevo campamento en Teuchitlán, el gobierno de Enrique Alfaro guardó silencio sobre la investigación. Y en 2025, el gobernador Pablo Lemus intentó justificar la incapacidad de la Fiscalía alegando que el predio era “demasiado grande” para ser inspeccionado completamente.

El descaro institucional quedó expuesto el 5 de marzo de 2025, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco halló en La Estanzuela nuevos restos humanos, tres hornos crematorios y objetos personales de víctimas, evidenciando que la actividad criminal nunca cesó, pese a que la Fiscalía afirmaba haber asegurado el lugar.

Mientras las cifras de desaparecidos en Jalisco siguen en ascenso—cinco personas al día en promedio—las autoridades persisten en la simulación. No es incompetencia, es complicidad.

El hallazgo de un nuevo campo de exterminio en Reynosa, Tamaulipas, confirma la brutalidad con la que operan los grupos criminales en México ante la inacción gubernamental. Madres buscadoras del colectivo Amor a los Desaparecidos localizaron restos calcinados y osamentas de al menos 14 personas en un terreno cercano al libramiento a Monterrey. No fue gracias a investigaciones oficiales, sino a una denuncia anónima en redes sociales.

Las víctimas no fueron enterradas en fosas profundas ni ocultadas con sofisticación. Sus restos apenas estaban cubiertos de tierra, evidencia de la impunidad con la que los perpetradores actúan. A pesar de que en 2024 se descubrieron 50 fosas ilegales en la región, el horror no cesa. En diciembre, el mismo colectivo encontró otro sitio de exterminio en el ejido Benjamín, también en Reynosa.

Las autoridades, siempre reaccionando tarde y con desgano, se limitan a asegurar propiedades y detener a algunos presuntos delincuentes, como ocurrió recientemente en Sinaloa. Pero la realidad es que los familiares de los desaparecidos siguen haciendo el trabajo que el Estado se niega a asumir. Mientras las madres rastrean la tierra con sus propias manos, el gobierno administra el desastre con operativos mediáticos y promesas vacías.