No ensuciarse las manos en un simulacro que dinamita a uno de los tres pilares del Estado

A medida que se acerca el 1 de junio, fecha en la que se pretende consumar uno de los mayores experimentos políticos del sexenio —la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros—, las fuerzas disidentes cierran filas no en las urnas, sino en la abstención. Y no por apatía, sino por convicción. Participar, afirman, sería legitimar no un ejercicio democrático, sino un simulacro que amenaza con dinamitar uno de los tres pilares del Estado de Derecho: el Poder Judicial.

Lejos de ser una mera rabieta partidista, la negativa de PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y diversas voces de la sociedad civil encuentra fundamento en una realidad alarmante: no existen condiciones mínimas de imparcialidad ni garantías para un voto informado. Se pretende que el ciudadano elija entre cientos de nombres desconocidos en boletas kilométricas, con candidatos que —en muchos casos— no pasaron por filtros independientes ni transparentes. Todo bajo la promesa de una justicia “democrática”, que en realidad oculta una captura electorera del aparato judicial.

La abstención, en este contexto, no es desinterés; es una toma de postura. Una forma de rechazar la manipulación del lenguaje democrático que busca disfrazar de participación lo que no es más que una operación de control político. Porque si lo que está en juego es la independencia del Poder Judicial, concurrir a las urnas bajo estas reglas viciadas no solo es inútil: es peligroso.

El vicecoordinador panista Federico Döring lo plantea sin ambages: participar en esta elección es convalidar la destrucción del Poder Judicial. ¿Con qué autoridad moral, pregunta, se podrá criticar mañana a una Suprema Corte subordinada, si hoy se avala el mecanismo que la convirtió en caricatura? Desde el PRI, Rubén Moreira abunda en la idea: en una democracia, no asistir conscientemente a votar también es un acto político, una forma de protesta tan válida como el sufragio.

Y es que el diseño mismo del proceso anticipa su fracaso. Las listas de candidatos filtradas en redes sociales; los famosos “acordeones” que sugieren por quién votar; y la evidente cercanía de aspirantes plagiadores o burros del oficialismo, confirman lo que desde un principio advirtieron las voces internacionales y más lúcidas del país: no hay pluralidad, no hay equidad, no hay transparencia.

Por eso, cuando se les pregunta a los ciudadanos si deben votar o no en esta elección judicial, la respuesta más honesta no es una consigna, sino una reflexión. ¿Estamos dispuestos a darle validez democrática a un proceso diseñado para debilitar la justicia e instalar la obediencia política como criterio para impartirla?

La contraparte oficialista y sus voceros a sueldo argumentan, con indiscutible razón, que el sistema actual es absolutamente indefendible y ha dado por resultado un aparato judicial sumamente corrupto, con el que nadie está de acuerdo, sí, pero el hecho de que algo está podrido no justifica diseñar una estrategia basada en una grandilocuencia “democrática” que terminará por destruir lo que se pretende mejorar.

En este contexto, abstenerse es una forma de decir “no” a una reforma perversa que, en nombre del pueblo, intenta vaciar de contenido los principios republicanos. No es indiferencia; es dignidad. No es pasividad; es una defensa activa de la democracia. Y frente a un poder que confunde mayoría desinformada con razón, el acto de no votar puede ser, paradójicamente, el gesto más radical de defensa del Estado de Derecho.