La corrupción -con protección institucional- se extiende por los 22 centros penitenciarios de la entidad

En su más reciente columna, Héctor de Mauleón denuncia una red de corrupción profundamente arraigada en los 22 penales del Estado de México, donde impera un sistema mafioso que convierte a los centros penitenciarios en verdaderas empresas criminales. Internos y sus familias son víctimas de una maquinaria de extorsión que cobra por todo: desde celdas “nice” y uso del patio, hasta alimentos, visitas, medicinas y renta de celulares.

Cada módulo está controlado por un interno que cobra cuotas a nombre de los custodios y mandos penitenciarios. La corrupción incluye a altos funcionarios de la Dirección de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) o (PyRS), la Subsecretaría de Control Penitenciario y al comandante conocido como “Tigre”, implicado en el caso de Fofo Márquez. La extorsión inicia incluso antes de que un reo pise la cárcel, con información personal filtrada para exigir pagos violentamente, revela De Mauleón.

El modelo se replica en la Ciudad de México: en Santa Martha Acatitla, el Módulo Diamante opera bajo control del Cártel Jalisco Nueva Generación, heredado por Abigael González Valencia, “El Cuini”. Aún tras su traslado al Altiplano, su red de extorsión, venta de alimentos y control de comunicaciones sigue operando con la complicidad de custodios.

La columna es una alerta cruda y documentada sobre la descomposición del sistema penitenciario mexiquense y capitalino, convertido en una lucrativa maquinaria criminal con protección institucional.