Código rojo en Uruapan. ¿Dejarán morir solo a Carlos Manzo? AL GRANO. Por Jesús López Segura

La indiferencia criminal de Alfredo Ramírez Bedolla habla de algo más que de estupidez burocrática
El grito de auxilio llegó desde Michoacán con la urgencia de una sirena: “estamos en código rojo”, advirtió el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tras la captura de René Belmonte Aguilar, alias “El Rino”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En un mensaje a la población, el edil pidió a los ciudadanos no salir de sus casas, mientras hombres armados intentaban irrumpir en el municipio en represalia por la detención.
Manzo, visiblemente tenso, exigió la intervención inmediata del Ejército, la Guardia Nacional y del propio secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch. Su llamado fue inequívoco: el municipio se encontraba bajo amenaza directa de un ataque criminal. No incluyó al gobernador porque Ramírez Bedolla siempre lo ha tratado con tal desprecio que pareciera esperar la inminente tragdedia que lo libere de un funcionario incómodo.
Lo inconcebible no es solo la crudeza de la escena —una ciudad entera obligada a encerrarse por el poder de fuego del narco—, sino la pasmosa indiferencia que incluso desde Palacio Nacional y la Presidencia se guarda ante semejante clamor. Ningún pronunciamiento urgente, ninguna estrategia visible, solo un silencio que ofende y exhibe una desconexión peligrosa entre el discurso oficial y la realidad que sangra en el territorio.
Uruapan no es una aldea marginal: es la segunda ciudad más importante de Michoacán, motor económico en la producción de aguacate y centro neurálgico de la región. Allí se disputan el control no solo el CJNG, sino también Los Viagras, Caballeros Templarios, Blancos de Troya y los llamados Cárteles Unidos. El botín: drogas sintéticas, extorsiones y el sometimiento de comerciantes y transportistas.
Que un alcalde tenga que implorar auxilio en video, mientras su población se resguarda aterrada, debería ser motivo de una reacción inmediata al más alto nivel. Que los gobiernos estatal y federal lo miren con frialdad burocrática es, sencillamente, una irresponsabilidad histórica.