El paquete de reformas, calificado como un hecho histórico por ONU Mujeres, es el resultado de tres años de trabajo

Con la aprobación en Comisiones Unidas de reformas a 11 leyes estatales, el Congreso se perfila como la primera entidad a nivel nacional en adecuar su marco jurídico de manera estratégica en favor del derecho de más de ocho millones de niñas, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencia, derivado de la coordinación entre diputadas locales y ONU Mujeres, a través de la Iniciativa Spotlight y que dan respuesta a la sociedad que exige un alto a la violencia de género, a los feminicidios y la desaparición.

Lo anterior fue calificado como un hecho histórico por representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues el paquete de reformas es el resultado de tres años de trabajo, de un profundo diagnóstico legislativo, diseño de propuesta y ocho mesas de trabajo con participación de los tres poderes del Estado, organizaciones civiles, organismos autónomos y familiares de víctimas que contribuyeron en el desarrollo de los paquetes de iniciativas en materia de niñas, niños y adolescentes, educación y violencia en el ámbito escolar, movilidad, registro y medidas de protección, atención a víctimas y mujeres libres de violencia.

El diputado Maurilio Hernández González (Morena), presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, resaltó que el Estado de México es uno de los tres estados con los que la ONU firmó un convenio al ser una entidad con mayor problemática, por lo que destacó el consenso para la aprobación de las iniciativas y señaló que se deberán acompañar de manera presupuestal desde el Poder Legislativo.

Recordó que las reformas son el resultado del Memorando de Entendimiento entre la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y la Legislatura del Estado de México, suscrito en el marco de la Iniciativa Spotlight para prevenir y eliminar el feminicidio.

Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México, enfatizó que “la violencia contra las mujeres y las niñas es una violación a los derechos humanos con graves consecuencias para las mujeres, sus familias y toda la sociedad. Por ello, el dictamen aprobado para reformar 11 leyes en Comisiones Unidas de la Legislatura del Estado de México en materia de prevención y erradicación de la violencia de género representa un avance trascendental para transformar positivamente la realidad de las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados. Para ONU Mujeres en el marco de la Iniciativa Spotlight ha sido un privilegio acompañar todo este proceso”.

Al lamentar las 286 mujeres mexiquenses asesinadas en 2022, compartió que la ONU solo tiene firmado un convenio similar con Guerrero y Chihuahua, pero que espera que todas las entidades del país sigan el compromiso del Estado de México, comentario al cual se sumó Lorenzo Jiménez de Luis, Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México.

Además, llamó a continuar con el camino de la implementación de las leyes, a la coordinación de poderes para su ejecución y asignación presupuestal, a fortalecer la estructura de atención primaria a víctimas de violencia, a agilizar procesos judiciales, a redoblar esfuerzos para la prevención en sistemas educación para transformar la realidad de la desigualdad y a apoyar a las redes y organizaciones civiles que respaldan a víctimas de violencia y familiares.
La diputada Karina Labastida Sotelo (Morena), presidenta de la Comisión Para Las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, enfatizó en que las reformas potenciarán el desarrollo de las niñas, las adolescentes y las mujeres, pues se garantiza su acceso a una vida libre de violencias, con una visión preventiva, dejando de lado la acostumbrada pena en su atención, visión con la que trabajan las agencias internacionales, que acompañaron el proceso legislativo.

Mientras que el diputado Gerardo Ulloa Pérez (Morena), presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, llamó a cambiar el discurso para convertirlo en realidad, a combatir la violencia desde todos los sectores de la sociedad y a establecer un nuevo contrato social que respete los derechos humanos; y la diputada Paola Jiménez Hernández (PRI), presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, indicó que las iniciativas deben traducirse en políticas públicas integrales y acciones afirmativas que garanticen el cumplimiento de manera efectiva de un marco jurídico que priorice la dignificación de las mujeres.

María Rosa Márquez Cabrera, Coordinadora de Relaciones Internacionales de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), exhortó a que otras entidades actualicen su marco jurídico que responda a las necesidades actuales de las mujeres, reconoció que este esfuerzo debe ser una buena práctica para el resto del país; Aurora Denisse Ugalde Alegría, Secretaria de las Mujeres del gobierno estatal, calificó el paquete de iniciativas como un esfuerzo trascendental que demostró la coordinación de diferentes sectores de la sociedad.

Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía -víctima de feminicidio-, e integrante del Grupo de Referencia de la sociedad civil de la Iniciativa Spotlight, reconoció los avances que significarán las reformas en la lucha por la obtención de justicia para víctimas y familiares y enfatizó en que se necesita trabajar mucho en la perspectiva de género en la investigación para prevenir y sancionar todas las violencias contra las mujeres.

Finalmente, Karla Micheel Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y socia de la Iniciativa Spotlight, reconoció que las reformas no se centraron en las sanciones, sino en la prevención, detección y atención de las violencias con el objetivo de que las niñas crezcan con derechos, en libertad y felices.