Cae en desacato el Congreso del Estado de México. Omite juicio político contra el gobernador
Sentencia judicial le ordenaba también enjuiciar a Rodrigo Espeleta y a la propia LX Legislatura
El Congreso del Estado de México fue señalado por desobedecer una sentencia judicial que le ordenaba llevar a cabo el proceso para instaurar un juicio político contra el gobernador Alfredo del Mazo, el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, y la LX Legislatura local. Esta denuncia fue inicialmente interpuesta por el abogado Gerardo Fuentes, tras la aprobación de una decisión legislativa que permitió que 384 hectáreas del poblado y ejido de San Mateo Ixtacalco se incorporaran al territorio de Cuautitlán México, en lugar de pertenecer a Cuautitlán Izcalli.
La justicia federal determinó que el Congreso estatal ha incurrido en desacato a la sentencia que le exigía constituir una Comisión Instructora para llevar a cabo el juicio político mencionado.
El 25 de mayo de 2023, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito otorgó un amparo a favor del abogado Gerardo Fuentes Ruiz, ordenando a las autoridades responsables dar un seguimiento preciso al trámite de la denuncia de juicio político. La sentencia exigía que la Legislatura remitiera la denuncia a la Sección Instructora para su análisis y posterior dictamen.
Sin embargo, en un acto de desobediencia a la sentencia, la Legislatura local se ha negado a acatarla, lo que ha llevado al Juzgado Sexto en Materia de Amparo y Juicios Federales a ordenar la apertura de un incidente de inejecución. Esto implica que los diputados locales se encuentran en desacato, y este desacato podría tener consecuencias legales similares a las ocurridas en el pasado, como la destitución de autoridades municipales y la consignación de funcionarios involucrados.
El abogado Gerardo Fuentes advirtió sobre la posibilidad de que se repita un escenario similar al de la destitución del cabildo de Coacalco en 2018, si los diputados continúan negándose a llevar a cabo el juicio político contra los funcionarios señalados. Las implicaciones legales y políticas de este desacato podrían ser significativas, por lo que se espera una pronta resolución de la situación y el cumplimiento de la orden judicial.
