Siete guardianes del obradorismo reformarán el juego democrático, sin la oposición ni la sociedad civil

En una jugada que haría sonrojar a cualquier manual de democracia, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un órgano que, lejos de ser plural, parece diseñado para blindar los intereses del oficialismo. Sólo le faltó proponer a Manuel Bartlett -el campeón nacional del fraude electoral- como Presidente de la irrisoria comisión, conformada por siete figuras de impecable historial de lealtad a la causa guinda. La comisión será la encargada de escribir —desde Palacio Nacional y sin oposición a la vista— las nuevas reglas con las que se disputará el poder en México.

La tarea no suena muy bien desde el papel: diagnosticar el sistema político-electoral y proponer cambios que, según el guion, podrían incluir la reducción de financiamiento a partidos, la eliminación de legisladores plurinominales y la ampliación de mecanismos de participación ciudadana. El problema es quién redactará esas propuestas: Pablo Gómez (ex fósil plurinominal y veterano del lopezobradorismo) al mando, acompañado por Rosa Icela Rodríguez, Ernestina Godoy, Arturo Zaldívar, Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez Cuevas y José Peña Merino. Todos, sin excepción, piezas cercanas y probadas del engranaje morenista.

La analogía es inevitable: es como nombrar a Drácula director del banco de sangre y esperar que las reservas se mantengan intactas. Desde 1977, las reformas electorales en México se construyeron con la oposición en la mesa y con expertos independientes como contrapeso. Aquí, en cambio, la pluralidad ha sido sustituida por la uniformidad ideológica, y el debate, por la obediencia.

Especialistas como Javier Martín Reyes y Arturo Sánchez Gutiérrez advierten que esta exclusión no solo envía un “primer mal mensaje” a la sociedad, sino que además socava la legitimidad de cualquier cambio que surja de la comisión. Pablo Gómez, otrora defensor del consenso democrático, hoy defiende sin sonrojarse que no hace falta la oposición para reformar el sistema electoral, renunciando así a los principios que él mismo enarboló cuando estaba del otro lado de la mesa.

Con mayoría calificada en ambas cámaras, Morena tiene la fuerza para imponer su voluntad, pero la fuerza no equivale a legitimidad. Si las reglas del juego se escriben a puerta cerrada por quienes juegan para un solo equipo, el resultado será previsible: un tablero hecho a la medida del partido gobernante y la desaparición oficial de las minorías.

En teoría, la comisión puede invitar a representantes del INE, del Tribunal Electoral, de la academia y de la sociedad civil… pero solo con voz, nunca con voto. Es decir, podrán asistir como espectadores a la obra, pero el guion y el final ya están escritos.

La historia enseña que cuando un régimen dicta en solitario las condiciones de la competencia política, lo que se llama “reforma” es en realidad una operación quirúrgica para eternizarse en el poder. Y eso, en México, ya lo hemos visto: siempre empieza en nombre del pueblo y termina con el pueblo reducido a un simple espectador del juego que otros manipulan desde las sombras.