Se entregan en EU exsecretarios de Seguridad y Finanzas de Sinaloa. LA VERSIÓN NO OFICIAL
¿Pone Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Edomex, sus barbas a remojar?
Por Jesús López Segura
La noticia de que dos exsecretarios clave del gobierno sinaloense de Rubén Rocha Moya —acusado por la justicia estadounidense de vínculos con el narcotráfico— decidieran entregarse a las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos para asumir el papel de testigos colaboradores, cimbró el ambiente político mexicano. El hecho pone en entredicho la política “soberanista” instrumentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para proteger la última línea de contención del obradorismo frente a la cada vez más firme intención trumpista de desmontar la presunta colusión de sectores del poder político mexicano —y no solo morenista— con el crimen organizado.
Basta revisar la entrevista de Edgardo Buscaglia con Carmen Aristegui para dimensionar la magnitud del episodio. El agudo analista internacional anticipa un “maxiproceso” que buscaría expulsar de la vida pública a los narcopolíticos mexicanos, impulsado desde Estados Unidos ante la negativa persistente de doña Claudia a encabezar ella misma —con respaldo internacional— una depuración histórica que ataque de raíz la corrupción que ha dejado cientos de miles de muertos y desaparecidos en México.
“A confesión de parte, relevo de pruebas”, soltó con evidente malicia el “Borolas” Felipe Calderón para desmontar el discurso reiterativo de la mandataria sobre la supuesta necesidad de presentar “pruebas contundentes” que justifiquen extradiciones como la de Rocha y sus allegados, cuando el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos no establece tal requisito en los términos en que ella pretende hacer creer.
Cada vez le resulta más complicado a la presidenta cumplir la encomienda de cubrirle las espaldas a su antecesor y a la legión de personajes vinculados al obradorismo que hoy aparecen bajo sospecha —encomienda que muchos, incluido Donald Trump, le atribuyen al pánico de Sheinbaum para enfrentar una estructura de corrupción tan poderosa —. Ahí está el fiscal florero, Alejandro Gertz Manero, cancerbero de la cueva de Alí Babá y perseguidor de familiares incómodos, paseándose ahora —a costa del erario— en eventos de la realeza británica. O el “hermano” postizo relacionado con el grupo criminal La Barredora. O el propio hijo, Andy López Beltrán, quien ayer volvió a exhibir una cobardía monumental al arrojarse al automóvil y cerrarle la puerta en las narices a Ariadna Montiel mientras ambos escapaban de enardecidos manifestantes en el aeropuerto de Chihuahua.
Como apunta Héctor de Mauleón en su columna de El Universal “La soga se cierra sobre la 4T”, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, soltó una declaración explosiva que coloca al Ejército mexicano en el centro de este entramado.
Según De Mauleón, al asegurar que la designación del general Gerardo Mérida Sánchez como secretario de Seguridad de Sinaloa no fue decisión de Rocha Moya, sino de la Secretaría de la Defensa Nacional, Bonilla elevó el conflicto a otro nivel.
Bonilla había quedado encargada de la Secretaría de Seguridad Pública tras la salida de otro militar: el teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, el funcionario al que le estalló el primer “Culiacanazo” de octubre de 2019, durante el fallido operativo de captura de Ovidio Guzmán López, del cual —por razones evidentes— la policía estatal ni siquiera fue informada.
Castañeda dejó el cargo en agosto de 2023, meses después del segundo “Culiacanazo”, y posteriormente fue incorporado por la gobernadora Delfina Gómez como secretario de Seguridad del Estado de México, posición que mantiene hasta hoy.
Yeraldine Bonilla había fungido como subsecretaria de Seguridad desde noviembre de 2021 y es considerada una pieza clave del rochismo. Ahora, en su intento por deslindar a Rocha Moya, terminó involucrando al Ejército como actor central de la crisis sinaloense. Mérida Sánchez llegó al cargo en septiembre de 2023, todavía bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En aquel sexenio, los nombramientos en materia de seguridad pasaban inevitablemente por el filtro del general Audomaro Martínez y del exsecretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval. Hacia allá apunta la bala política disparada por la gobernadora interina —comenta De Mauleón—.
Mientras tanto, buena parte de los analistas de cierta prensa local del Valle de Toluca ignora sistemáticamente que al menos tres altos funcionarios incrustados por el obradorismo duro en el gobierno mexiquense podrían convertirse en figuras incómodas rumbo a la elección intermedia del próximo año y, más adelante, hacia la sucesión estatal.
Uno de ellos sería precisamente Cristóbal Castañeda Camarillo. Todo indica que el general Mérida, ahora convertido en testigo colaborador de las autoridades estadunidenses, buscará reducir su responsabilidad —al haberse declarado no culpable— implicando a su antecesor en la Secretaría de Seguridad de Sinaloa. Y, según relata Salvador García Soto, no habría llegado con las manos vacías, sino con un voluminoso paquete de pruebas.
Los otros dos nombres que comienzan a sonar con insistencia son los de Francisco Vázquez, líder del Congreso mexiquense, y Horacio Duarte, secretario general de Gobierno, ambos asociados desde hace tiempo al escándalo del huachicol fiscal, por las responsabilidades estratégicas que tuvieron en las aduanas mexicanas.
Hasta ahora ninguno ha aclarado de manera convincente los señalamientos ni se les conoce una acción contundente para deslindarse de lo que ya es considerado el fraude fiscal más grande en la historia contemporánea del país.
