Cada año prometen regularla; cada año vuelven a contar cadáveres y mutilados…
Diez muertos y entre 64 y 80 heridos. Ése es, por ahora, el saldo de la explosión de pirotecnia ocurrida en Santa María Canchesdá, Temascalcingo, mientras la comunidad se preparaba para su feria patronal en honor a Nuestra Señora de la Luz.
Diez familias destrozadas y decenas de personas lesionadas para que, una vez más, las autoridades puedan hacer lo que llevan lustros haciendo: lamentar la tragedia, desplegar a Protección Civil, instalar un pomposo Sistema de Comando de Incidentes, enviar condolencias por redes sociales y prometer —otra vez— que ahora sí habrá mayor regulación.
Y después, como siempre, vendrá el olvido.
Porque si algo ha demostrado el Estado de México durante décadas es que la pirotecnia tiene una característica extraordinaria: explota todos los años, pero la voluntad política para ponerle límites sólo aparece después de cada tragedia, para luego diluirse hasta la siguiente “fiesta patronal”.
Desde los tiempos del dominio priista y ahora bajo el gobierno morenista de Delfina Gómez, la historia se repite con una puntualidad escalofriante. Ocurre una explosión; mueren personas; se anuncia una revisión; se habla de capacitación, permisos, supervisión y regulación; se promete endurecer los controles y, cuando baja el humo, todo vuelve a la normalidad hasta la siguiente explosión.
Lo verdaderamente hipócrita es que el problema no resulta desconocido. No estamos ante un fenómeno imprevisible ni ante una catástrofe natural. Se sabe dónde se fabrica, dónde se almacena, dónde se vende y dónde se quema la pirotecnia. También se sabe que buena parte de las detonaciones ocurre durante celebraciones religiosas.
Y ahí aparece el gran tabú.
Los gobiernos mexiquenses han sido incapaces —o no han querido— enfrentar una pregunta elemental: ¿por qué debe tolerarse que, en nombre de una celebración religiosa, se almacenen y detonen toneladas de material explosivo cerca de viviendas, templos y concentraciones multitudinarias?
¿Por qué no al menos prohibir los cohetones que parecen explosivos letales que empanican a niños y mascotas, y mandan al hospital a enfermos del corazón, para dar paso a la pirotecnia silenciosa y colorida que permita a los artesanos continuar con esa bella tradición, sin poner en riesgo a la gente?
Porque una cosa es respetar las tradiciones y las creencias religiosas y otra muy distinta convertir una fiesta patronal en una ruleta rusa colectiva.
Pero el problema de fondo seguirá intacto si nadie se atreve a decir lo políticamente incorrecto: hay prácticas pirotécnicas que no pueden seguir justificándose simplemente porque forman parte de una tradición.
La tradición no vuelve inocuo al explosivo. La fe no desactiva la pólvora. Una imagen religiosa no funciona como extintor.
Y mucho menos convierte una bodega clandestina o irregular en un sitio seguro.
Resulta particularmente revelador que las autoridades sean capaces de movilizar a Protección Civil, bomberos, servicios de emergencia, Policía Estatal, Guardia Nacional, Sedena, Fiscalía, Cruz Roja y corporaciones municipales después de que ocurre la tragedia, pero durante décadas no hayan encontrado la fórmula política para impedir que ésta ocurra.
La gobernadora Delfina Gómez expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Es lo humanamente obligado y, desde luego, nadie puede cuestionar la necesidad de atender a los heridos. Pero gobernar no consiste únicamente en llegar después de la explosión.
Y ahí está la deuda histórica.
Porque cada sexenio mexiquense descubre la pirotecnia cuando ya hay muertos. Cada administración promete regularla cuando las ambulancias ya están recogiendo heridos. Cada gobierno habla de prevención después de que la pólvora hizo lo que la autoridad no quiso hacer: recordarle que existe un peligro perfectamente conocido.
Ahora los morenistas tienen la oportunidad de romper ese círculo de simulación.
Pero para hacerlo tendrían que enfrentarse a intereses económicos, costumbres profundamente arraigadas y, sobre todo, a la comodidad política de no meterse con las celebraciones religiosas.
En La Conchita (Calimaya), donde radico, por lo menos una vez al mes hay alguna celebración religiosa que implica soportar durante todo el día y toda la noche (como diría la clásica rola de The Kinks “All day and all of the night”) explosiones que ponen los pelos de punta porque asemejan un bombardeo masivo como en una zona de guerra.
Independientemente de los muertos y heridos que esas costumbres neandertales generan año con año, casi semanalmente los curas católicos que extorsionan a los ayuntamientos para la obtención de esos explosivos, generan una contaminación ambiental y auditiva que pone en serio riesgo la salud pública de manera permanente.
Si el gobierno realmente cree que la vida humana está por encima de cualquier tradición, debe atreverse a regular de verdad, restringir donde sea necesario y prohibir las prácticas que impliquen un riesgo inaceptable.
De lo contrario, habrá que esperar la próxima fiesta patronal, con tapones en los oídos semejantes a los que usan los funcionarios públicos para no escuchar los reclamos sociales.
Hasta que, un año más, volvamos a contar muertos.
