Calificadoras, obvias beneficiarias de la corrupción que combate López Obrador. Por Jesús López Segura / La Versión no Oficial

AL lenguaje golpista de las “calificadoras” se suma el nuevo líder de la CANACINTRA

“Una buena y una mala”, dice Carlos Loret de Mola al presentar las notas respectivas del ataque de Moody’s contra el gobierno de López Obrador, contrastado con la relativa al crecimiento del Indicador de Confianza del Consumidor que reportan, por tercer mes consecutivo, el Banco de México y el INEGI.

Moody’s arremete contra México al asentar que la violencia en nuestro país “se ha convertido en un riesgo cada vez mayor para la capacidad de las empresas de atender sus compromisos financieros, lo que afecta principalmente a las compañías relacionadas con la industria de los hidrocarburos, entre ellas Petróleos Mexicanos (Pemex), y al sector hotelero”.

Y digo que tal planteamiento constituye un deliberado ataque contra el gobierno mexicano porque López Obrador heredó esta situación de inseguridad extrema precisamente de gobiernos corruptos que le antecedieron y a los cuales la propia Moody’s calificaba con diez, como ha dicho el presidente.

Repentinamente Moody’s “descubre” que “la violencia en México se ha convertido en un riesgo cada vez mayor para la capacidad de las empresas de atender sus compromisos financieros”, como si no lleváramos más de doce años en esa situación de violencia incontrolada. Como si tal tragedia fuera privativa de los últimos 3 meses, cuando un nuevo gobierno ha declarado la guerra a la corrupción -que desataron los gobiernos amigos de las calificadoras- como la causa fundamental de esa violencia.

El ICC (Indicador de Confianza del Consumidor) refleja -como su nombre lo indica- la confianza de los consumidores en su situación económica personal, la de sus hogares y la del país, y aumentó en febrero por tercer mes consecutivo –mismo tiempo transcurrido desde el comienzo del nuevo gobierno–, hasta alcanzar un nuevo máximo histórico.

Esta evolución positiva del Indicador de Confianza del Consumidor se explica en mayor medida por el fuerte optimismo en el frente político, consideró un análisis de Banorte, lo que da pie a una interesante mesa de discusión en el programa de Loret de Mola con relación al hecho de que los consumidores están felices con la política del actual Gobierno, independientemente de que tal política no se refleje aún en un bienestar económico de sus familias.

El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath -“propuesto para ese encargo por el propio López Obrador“, enfatiza Carlos Loret de Mola para destacar que las opiniones críticas por la vocación neoliberal del funcionario no provienen de “opositores”- emite en la mesa de Despierta opiniones negativas sobre el nuevo gobierno, lo que provoca una inocultable felicidad de Enrique Campos -cada vez menos capaz de ocultar su odio contra el presidente-, aunque los pronósticos de Heath son menos catastrofistas que los de las 3 calificadoras más importantes del mundo y que se encuentran desde hace algunas semanas en pie de guerra contra el Gobierno mexicano.

Quizá López Obrador canceló los subsidios también a esas empresas megamillonarias, caracterizadas por el chantaje y la sumisión ante el neoliberalismo corruto globalizado. Quizá la guerra contra el nuevo gobierno mexicano, la descalificación a su capacidad crediticia, la fuga de los capitales financiero golondrinos de los siempre traidores megamillonarios sin patria, y todo el embate de que son capaces los favorecidos por la corrupción prianista ha de darse incluso cuando el mandatario conserve, generosamente, el mismo modelo económico y se limite a frenar, no a castigar, la corrupción del pasado. No les basta. Quieren seguir sangrando a México, aunque se les perdonen sus fechorías del pasado. Aunque hayan acumulado fortunas malhabidas que les den tranquilidad a 30 generaciones familiares. No les basta.

Sobre el tema, recomiendo dos columnas publicadas hoy en La Jornada y El Universal. En la Primera, Enrique Galván Ochoa recuerda en forma más que oportuna el contraste de actitud de Standard & Poor’s frente a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador:

“En la víspera de la Navidad de 2013, la calificadora Standard &Poor’s le hizo un preciado obsequio al gobierno de Peña Nieto: calificaciones aprobatorias. Así lo agradeció el secretario de Hacienda, Luis Videgaray: “El día de hoy la agencia calificadora de valores Standard & Poor’s subió la calificación de la deuda soberana mexicana de BBB a BBB+ para moneda extranjera de largo plazo y de A– a A para moneda local”. Entre sus consideraciones, decía Hacienda, la calificadora destaca que la reforma energética no sólo incrementará las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana, sino que también fortalecerá los ingresos públicos y otorgará así mayor flexibilidad a la política fiscal. Sólo que no sucedió el milagro. Pemex vio crecer a la banda de huachicoleros, vino el escándalo internacional Odebrecht-Lozoya, cayó la producción de petróleo, año con año perdió dinero. Los inversionistas siguieron prestándole dinero al gobierno y a Pemex, con base en sus calificaciones. Lo curioso es que ahora que un nuevo gobierno está combatiendo de frente la corrupción y compromete recursos para el rescate de la petrolera, le asigna una perspectiva negativa que podría llevarla a perder la calificación… la misma que aquella Navidad obsequió a Peña Nieto y Videgaray“.

En la segunda columna, Mario Maldonado revela el nombre del autor favorito de los economistas de cabecera de AMLO, lo que, según él, explica a plenitud el modelo que sigue el mandatario mexicano en materia económica.

Como se ha publicado en esta columna -dice Maldonado-, “el nuevo modelo económico que el gobierno de la cuarta transformación busca implantar se basa en los postulados del economista turco Dani Rodrik, viejo conocido de Santiago Levy, Gerardo Esquivel y Rogelio Ramírez de la O, los tres asesores económicos de cabecera de Andrés Manuel López Obrador“.

Difiero de este planteamiento inicial del columnista de El Universal porque es claro que López Obrador no está proponiendo un “nuevo modelo económico”, de otra forma no tendría a Carlos Urzúa como secretario de Hacienda, ni prometería a los megamillonarios no aumentarles los impuestos. Simplemente AMLO mantiene el mismo modelo económico, pero trata de despojarlo de la corrupción que imperó durante 3 décadas, acentuándose hasta niveles inimaginables en el anterior sexenio.

“El deterioro económico del país, que comienza a prender las alertas de una posible fuga de capitales, aunado a la falta de confianza de los empresarios, la ausencia de contrapesos al Presidente por parte de su equipo económico-financiero y la descalificación de los organismos globales, las calificadoras y las corredurías, llevarían inexorablemente a Pemex y a México a perder el grado de inversión” concluye Maldonado y augura:

“¿Será el enorme costo que habrá que pagar para desterrar a la tecnocracia neoliberal? De ser así, preparémonos para una crisis”.

La fuga de capitales se estima ya en un monto de 6 mil millones de dólares y la arremetida de las calificadoras no puede ser más gratuita y descarada, pero no porque AMLO haya puesto o piense poner en marcha un “nuevo modelo económico”, sino simple y llanamente porque los capitales financieros que huyen del país, las calificadoras internacionales y sus voceros en los medios hegemónicos se han beneficiado en grande con la corrupción imperante en el pasado y presionan para que los gobiernos corruptos vuelvan por sus fueros. Trabajan activamente para hacer fracasar al nuevo gobierno que duda en castigarlos. Que perdona sus grandes agravios a nuestro pueblo y piensa ingenuamente que van a ceder y sumarse a la cuarta transformación nada más porque don Andrés les extienda la mano y les recuerde a diario sus sólidos argumentos en favor de los pobres.

Hay que escuchar al nuevo dirigente de la COPARMEX, Enoch Castellanos, reproduciendo el lenguaje golpista de las calificadoras para desechar el optimismo que la semana pasada nos inspiró el nuevo líder nacionalista del CCE, Carlos Salazar Lomelín.

La disputa por la nación requiere del nuevo gobierno fajarse los pantalones, juzgar y encarcelar a los saqueadores de la nación y establecer un ambicioso programa impositivo -sin cambiar el modelo económico en forma radical- que grave más a quienes más tienen, como única forma de afrontar, junto con el combate a la corrupción, los altísimos costos de un desarrollo justo y estable para el país. No hay de otra.