“¿Hay lavado de dinero o no en Latinus?”, that is the question, sugiere la virtual presidenta electa

Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra Latinus “no es un asunto político… el asunto de fondo es -dijo enfáticamente-: ¿hay lavado de dinero o no en Latinus?”.

Y tiene toda la razón si por “asunto político” se entiende la presunta persecución de los periodistas Loret y Brozo, junto con los “intelectuales” que cobran en el controvertido consorcio, punto en el que coincide con Pablo Gómez y AMLO, pues no parece haber tal persecución, por mucho que, a final de cuentas, el plan evidente era dejar a los periodistas críticos de AMLO sin empleo.

AMLO dice que no persigue a Carlos Loret y a Brozo

Ahora bien, este escándalo tiene otros matices de carácter eminentemente político por cuanto fueron 6 gobernadores (o más) junto con el titular del TEPJF, quienes triangularon más de 2 mil 400 millones de pesos, desde el paraíso fiscal y de lavado de dinero de Delaware, en Estados Unidos, fingiendo que se trataba de un financiamiento para servicios médicos y medicinas, por el que los peces gordos detrás de esta operación de lavado de dinero deberían ir a la cárcel, tanto los receptores de esos recursos ilícitos (presumiblemente Roberto Madrazo, entre otros como Silvano Aureoles), como los proveedores de los recursos, desde los gobiernos de los estados referidos y del TEPJF.

Roberto Madrazo detrás de Latinus

Latinus erogó una nómina de 232 millones de pesos durante el periodo considerado en la investigación de la UIF, lo que equivale aproximadamente al 10% del financiamiento total por cuenta de las entidades oficiales señaladas, es decir, Tamaulipas, 4 millones de pesos entre 2019 y 2024; Sinaloa, 15 millones; Nuevo León, 29 millones; Hidalgo, 190 millones; el TEPJF, 382 millones; y el Estado de México, ¡mil 117 millones de pesos!

Latinus recibió fondos públicos de entidades federativas

Lo anterior significa que los dueños de Latinus y los burócratas corruptos de esas entidades que desviaron recursos “para la salud”, hacia Latinus, se quedaron presumiblemente con algo cercano al 90% de esos 2 mil 400 millones de pesos, y en eso puso énfasis Pablo Gómez, al apuntar que la mayor parte de esos millonarios ingresos no fue a parar a manos de los periodistas.

Ahora bien, donde doña Claudia se equivoca, con todo respeto, es cuando señala textualmente en su conferencia de ayer que eso “es lo que encontró la UIF y ya tendrá que determinar si hay un delito y si lo encuentra, presentarlo ante un juez para que dicte en todo caso una sentencia”.

Periodistas de Latinus que recibieron pago de entidades federativas

Es importante poner atención en este punto porque Pablo Gómez fue muy claro al exponer que la UIF no hace investigaciones ni se mete a analizar nada relacionado con el trabajo periodístico de nadie, simplemente encontró irregularidades sospechosas por la ubicación de tres de las empresas de Latinus en el paraíso fiscal de Delaware y por eso fincó una denuncia ante la Fiscalía General de la República “desde hace años” (el 20 de mayo de 2021, por lavado de dinero y corrupción).

Corresponde a la Fiscalía investigar el caso y eventualmente ponerlo a la consideración de un juez, y no como explica Sheinbaum, lo que revela que la próxima presidenta no tiene muy claro el papel del ministerio público y las fiscalías en el proceso de procuración de justicia, punto central para una auténtica reforma a fondo del sistema de impartición de justicia en México, pues si se presume corrupción entre jueces y magistrados, imagínese usted lo que se podría encontrar si se indagara a fondo la labor del Fiscal Gertz Florero.

Alfredo del Mazo y el fraude de la Tarjeta Rosa en Edomex

Específicamente centrados en el Estado de México, entidad que financió con mil 117 millones de pesos a Latinus, de 2020 a 2024, habría que preguntarse (más allá de las preferencias sexuales muy respetables de los hermanos Rescala y de Jorge Alberto Pérez Zamudio -el ex vocero de Del Mazo que confesó que con la Tarjeta Rosa se usaba a las mujeres más pobres de la entidad como matraqueras digitales del mandatario-) ¿dónde fueron a parar los más de 540 millones de pesos facturados a Latinus como “servicios médicos”, en pleno año de Hidalgo (2023) previo a la elección de gobernadora, y quién del gobierno actual, encabezado por doña Delfina Gómez, autorizó en el presente año otros 18 millones de pesos para Latinus y por qué?

Los mexiquenses tenemos derecho a saberlo, ¿no cree usted?