AMLO defiende, otra vez, la mayoría absoluta de diputados. Dice que la Constitución es muy clara

AL GRANO. Por Jesús López Segura

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, anunció que llamará a la movilización si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) valida la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Gálvez argumenta que Morena obtuvo el 54% de los votos por lo que no debería tener el 75% de las curules, y tendría razón si nos apegamos al espíritu de la ley.

Gálvez citó una tesis de Olga Sánchez Cordero de 1998, que establece que la Constitución busca una representación equitativa de los partidos. Además, recordó que López Obrador, en su momento como presidente del PRD, impugnó la sobrerrepresentación en Quintana Roo.

Olga Sánchez Cordero explicó en 1998 por qué la Constitución busca una representación equitativa

La polémica sobre la sobrerrepresentación sigue intensificándose, con la oposición preparada para movilizarse y los aliados de Morena dispuestos a mantener su ventaja legislativa, ambos bloques con argumentos relativamente legítimos: Por un lado, es cierto que la ley ampara el alegato de Morena y AMLO sobre el hecho de que la sobrerrepresentación se cuenta por partido y no por coalición, y que los prianistas se beneficiaron de esa interpretación en el pasado, lo que constituye el meollo de la discusión.

Pero, por otro lado, el espíritu de la ley marca que el 8% admitido de sobrerrepresentación no es obligatorio aplicarlo, salvo en los casos en que sea necesario para lograr la gobernabilidad, no para alcanzar la mayoría calificada.

La sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. Cartón | Rictus

Adicionalmente, AMLO y los suyos presumen de que “no son iguales” y se amparan en una interpretación del texto constitucional que viola el derecho de las minorías, y lo hacen precisamente para alcanzar la mayoría calificada que les permitirá cometer el atropello de eliminar las diputaciones plurinominales, controlar el Poder Judicial y militarizar la Seguridad Pública en forma definitiva, lo que configura claramente un golpe de Estado mal disimulado.