lunes, noviembre 4

Fiscalía de Querétaro criminaliza a niña de 14 años y premia a su violador

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Claudia Sheinbaum se solidariza con la víctima y brinda apoyo de la Secretaría de la Mujer

Querétaro se enfrenta a un dilema digno de novela: una menor de 14 años, víctima de violación y de un aborto espontáneo posterior, podría enfrentarse a tres años de prisión y una multa de 500 mil pesos ¡en favor de su agresor! Sí, la Fiscalía General del estado, bastión del PAN, parece pensar que el verdadero daño aquí lo sufrió el violador, y que la adolescente es la responsable. Porque, claro, en Querétaro el orden debe mantenerse, aunque sea con los valores al revés.

Mientras tanto, Claudia Sheinbaum, desde su posición presidencial, no tardó en responder: “No se debe criminalizar, y menos a una menor de 14 años”, afirmó, como si tal sentido común aún fuese noticia. En respuesta, la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández, ya ofrece apoyo legal y acompañamiento a la familia, recordando que hay quienes sí entienden de justicia y empatía.

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En una escena paralela, Sheinbaum también instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a revisar el caso de Antonio Barragán Carrasco, activista sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, preso por cargos inventados en la época dorada de Genaro García Luna. Como si fuera un mal chiste de repetición, Barragán denuncia torturas y represalias políticas que le han mantenido en prisión desde 2001. Y sí, al parecer en aquellos tiempos de “mano dura”, cualquier defensa de derechos sociales equivalía a una declaración de guerra.

Sheinbaum, con un toque de ironía, recordó cómo siendo jefa de Gobierno en la capital, implementó programas de ordenamiento sin necesidad de reprimir a artesanos ni de generar tensiones. Porque, aunque parezca ciencia ficción, existen maneras pacíficas de ordenar el comercio en la vía pública. En Querétaro, sin embargo, el diálogo parece estar en peligro de extinción.

En resumen, en esta tragicomedia mexicana, Querétaro se convierte en un ejemplo de cómo criminalizar a víctimas, mientras el Gobierno Federal asume el papel de apoyo solidario.

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