Caen líderes de “sindicatos”, notarios públicos y funcionarios involucrados en extorsión y despojo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) asestó un golpe estructural a una compleja red dedicada al despojo sistemático de propiedades en el Valle de México y la zona Oriente de la entidad. Bajo la denominada Operación Restitución, realizada en coordinación con autoridades federales y estatales, se logró la judicialización de 23 personas, incluidas 11 detenciones de alto perfil, pertenecientes a supuestos sindicatos y organizaciones sociales que encubrían prácticas delictivas.

Una operación quirúrgica contra redes criminales disfrazadas de sindicatos

Según el comunicado oficial, la FGJEM identificó como objetivos prioritarios a miembros de las agrupaciones ‘USON’, ‘GOPEZ’, ‘Unión 300’ o ‘Los 300’, ‘22 de octubre’ y ‘Los Gastones’, todas señaladas por su participación en actividades ilícitas que van desde el despojo violento de viviendas hasta la extorsión, falsificación de documentos y colusión con autoridades locales.

La ofensiva judicial no solo se limitó a los operadores de campo. También alcanzó a piezas clave dentro del aparato burocrático: tres notarios públicos, cinco funcionarios del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), así como exservidores de catastro y desarrollo urbano. Estos actores habrían facilitado, mediante documentos apócrifos y registros irregulares, la legalización fraudulenta de inmuebles usurpados.

La arquitectura del fraude: violencia, simulación institucional y complicidad oficial

Los métodos utilizados por estas organizaciones combinaban la violencia directa con el uso estratégico de estructuras institucionales. ‘USON’, por ejemplo, empleaba comandos armados para irrumpir en propiedades, amenazar a los ocupantes y establecer el control físico del inmueble. Uno de sus líderes, José Carmelo ‘N’, fue detenido por amenazar de muerte a una víctima con fines extorsivos.

En Ecatepec, ‘GOPEZ’ operaba con presunta protección de funcionarios municipales, ejecutando desalojos ilegales a partir de notificaciones falsas. Las propiedades eran posteriormente entregadas a personas vinculadas a dicha organización.

Por su parte, ‘Unión 300’, grupo con conexiones criminales más amplias —incluidos homicidios y narcomenudeo—, estaba liderado por sujetos identificados como ‘El Conejo’ y Alberto Eduardo ‘N’, ambos detenidos recientemente. La Fiscalía los vincula directamente con extorsiones y despojos violentos en zonas de alta marginación.

En Chalco, el llamado ‘Sindicato 22 de octubre’ operaba aprovechando la vulnerabilidad habitacional. Su intervención derivó incluso en un enfrentamiento armado con saldo mortal. Mientras tanto, ‘Los Gastones’ —liderados por Brandon Salvador ‘N’, alias ‘El Gastoncito’— amenazaban a mujeres para cobrar “cuotas de protección”, utilizando el miedo como herramienta de control territorial.

Servidores públicos: entre la omisión deliberada y la complicidad activa

Las investigaciones en curso apuntan a que el esquema delictivo no habría sido posible sin la participación —por acción u omisión— de funcionarios públicos encargados de validar operaciones inmobiliarias. Los servidores del IFREM y otras dependencias están siendo indagados por abuso de autoridad, falsificación de documentos y negligencia intencional. Las audiencias para la formulación de imputaciones están previstas para el mes de junio.

Una advertencia institucional

El Operativo Restitución representa, más que una operación puntual, una advertencia del Estado frente a la captura institucional por redes delictivas que explotan vacíos legales y la corrupción para apropiarse del patrimonio de los ciudadanos más desprotegidos. El caso revela con crudeza cómo la frontera entre la legalidad y el crimen puede diluirse cuando se pervierte la función notarial y registral, y plantea un desafío mayor para el sistema de justicia: garantizar que estas redes no se regeneren bajo nuevos disfraces.