Gobierno del Edomex, bajo Alfredo del Mazo, gastó más de 780 millones en el software espía

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, fue uno de los principales financiadores del entramado empresarial ligado a la venta del software espía Pegasus, a través de contratos millonarios otorgados a Air Cap SA de CV, empresa fantasma ligada al empresario israelí Uri Ansbacher, investigado por presuntos sobornos al expresidente Enrique Peña Nieto.

Según MCCI, Air Cap, utilizada para triangular la venta de Pegasus, recibió entre 2017 y 2020 asignaciones por casi mil millones de pesos, tanto en el gobierno federal como en el mexiquense. Destaca que 784 millones de pesos provinieron directamente del gobierno de Del Mazo, mediante adquisiciones de brazaletes electrónicos, sistemas de videovigilancia y bloqueadores de señal, además de otros contratos detectados por el organismo.

Estos convenios, suscritos entre 2017 y 2020, se suman al contrato por 4.2 millones de dólares que la Secretaría de Gobernación firmó con Air Cap en julio de 2018, pocos meses antes de que Peña Nieto concluyera su sexenio. El contrato —otorgado sin licitación pública bajo el argumento de “seguridad nacional”— tenía como fin el mantenimiento de helicópteros Kazan MI-17 de la Policía Federal, pero los pagos continuaron durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien no sólo liquidó el contrato heredado, sino que siguió invitando a Air Cap a cotizar para la Sedena hasta 2021, cuando el escándalo estalló públicamente.

Pese a que Air Cap afirmaba tener 250 empleados y cumplir con todas sus obligaciones fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la incluyó en abril de 2025 en su lista definitiva de empresas fantasma, al carecer de activos, personal e infraestructura mínima para prestar los servicios que facturaba. La clasificación la vincula con esquemas de evasión fiscal, lavado de dinero y desvío de recursos públicos.
Así, el caso Pegasus no solo apunta al gobierno de Peña Nieto como beneficiario directo de las operaciones del espionaje ilegal, sino que involucra de lleno al Grupo Atlacomulco y a Del Mazo Maza como facilitador financiero clave en el entramado de corrupción y vigilancia ilegal, operado desde empresas fachada con vínculos internacionales.