Cuatro funcionarios de la FGJEM, detenidos por presunta extorsión y secuestro exprés
Tres fueron aprehendidos en Texcoco y uno más en Ecatepec: La Jornada Edomex
La detención de cuatro funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), acusados de su probable participación en delitos de extorsión y secuestro exprés, constituye un episodio particularmente grave: no se trata de delincuentes infiltrados en una dependencia cualquiera, sino de servidores públicos cuya función debería ser precisamente perseguir a quienes cometen esos delitos.
De acuerdo con la información difundida por La Jornada Estado de México, tres de los agentes fueron detenidos en Texcoco y uno más en Ecatepec, durante un operativo conjunto en el que participaron fuerzas federales y unidades especializadas contra el secuestro y la delincuencia organizada.
Los detenidos —Benito “N”, María Fernanda “N”, Efraín “N” y Mario “N”— se desempeñaban presuntamente como agentes investigadores de la FGJEM. La investigación que condujo a las órdenes de aprehensión apunta a una posible utilización de las propias estructuras institucionales para actividades criminales.
El caso adquiere todavía mayor gravedad por los objetos asegurados durante el operativo: armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cartuchos, drogas sintéticas, equipos de cómputo y teléfonos celulares. Los cuatro fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y posteriormente vinculados a proceso.
Más allá de la responsabilidad individual que deberá determinarse judicialmente, el episodio vuelve a colocar bajo escrutinio a la FGJEM. Una fiscalía que pierde elementos de su propia estructura en investigaciones por extorsión y secuestro enfrenta un problema que rebasa el ámbito penal: el de la confianza pública.
Porque cuando quienes deberían investigar el secuestro aparecen señalados por secuestro exprés, y quienes tendrían que combatir la extorsión son acusados de practicarla, la frontera entre el Estado que persigue al crimen y el crimen que consigue infiltrarse en el Estado comienza a volverse peligrosamente borrosa.
El proceso judicial tendrá que establecer responsabilidades y respetar, desde luego, la presunción de inocencia. Pero la institución también tiene una responsabilidad inmediata: demostrar que estos cuatro casos son excepciones detectadas y combatidas por la propia autoridad, y no síntomas de una contaminación mucho más profunda.
