Por unanimidad, comisiones del Congreso mexiquense avalan ley orgánica del Poder Judicial
Combate la corrupción y fortalece la carrera judicial, entre otros avances progresistas
Las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local avalaron por unanimidad la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, que se enfoca en combatir la corrupción y el nepotismo; fortalece la carrera judicial, incorpora el tribunal digital y el principio de paridad de género en los procesos de selección y designación de las y los magistrados y jueces.
Ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, principal impulsor de esta nueva Ley Orgánica, el diputado Faustino de la Cruz Pérez (Morena) expuso el dictamen, que integra la iniciativa de la diputada Trinidad Franco Arpero (PT) para incorporar el principio de paridad de género, además de propuestas y comentarios de las y los legisladores locales mexiquenses expresados en diversas reuniones de trabajo.
De acuerdo con el dictamen, el nuevo ordenamiento legal regula el ejercicio de la función jurisdiccional a cargo de los órganos del Poder Judicial, fortalece su organización y funcionamiento de manera transparente, pronta e ininterrumpida, e incorpora la utilización de las herramientas tecnológicas y medios electrónicos o digitales.
Durante la reunión, la diputada asociada Beatriz García Villegas (Morena), reconoció el esfuerzo institucional de la Judicatura, especialmente del magistrado presidente para analizar sus problemáticas, de forma democrática, consensuada y objetiva con el Legislativo y Ejecutivo, pues el nuevo ordenamiento busca consolidar la función jurisdiccional y administrativa, combatir la corrupción y el nepotismo, fortalece la carrera judicial y garantiza el acceso igualitario a la justicia.
La legisladora también planteó adecuaciones para combatir las dádivas que se otorgan a personas notificadoras o actuarias a fin de dar el mensaje de que quien incurra en estas prácticas será sujeto a responsabilidad con sanciones ejemplares.
El diputado Max Agustín Correa Hernández (Morena) dijo que los cambios contribuirán en la eficacia en la impartición de justicia, especialmente con la digitalización para combatir la corrupción; incorpora un sistema de jurisprudencia por precedentes que evitará la discrecionalidad y fortalecerá la carrera judicial.
Exhortó a no abandonar el proyecto de crear una Sala de Asuntos Indígenas y que las y los juzgadoras sean empáticos con las personas integrantes de grupos originarios, además de reconocer que las propuestas del grupo legislativo de Morena fueron incluidas en el proyecto de decreto.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (Morena) reconoció el respeto, colaboración e intercambio de ideas entre poderes y dijo que impulsará una iniciativa para que la Defensoría Pública forme parte del Poder Judicial, en favor de personas que carecen de recursos económicos y se evite que la pobreza se convierta en indefensión jurídica.
En su momento, el magistrado Ricardo Sodi señaló que en el nuevo ordenamiento se eliminan las categorías de notificador y ejecutor y se fusionan en la de las y los actuarios; y por medio de la digitalización y la tecnología se creará una Central de Actuarios que asignará citas por turno y por región, para transparentar su labor y desarticular redes de corrupción.
Indicó que en materia de Amnistía se ha liberado a más de 2 mil 700 personas privadas de su libertad, entre estos, cuatro casos relacionados con delitos graves; resaltó que se realizará la consulta con los pueblos originarios para la creación de la Sala Indígena, sobre la base de la traducción de esta ley una vez aprobada, y que incluye el modelo de justicia colmena por el cual las personas juzgadoras se dedicarán a presidir audiencias y dictar sentencias, además de señalar que se analizará la viabilidad de incorporar la Defensoría Pública al Poder Judicial.
