El INEGI parece confirmar que la Reforma Judicial, sin tocar a las fiscalías, fue una venganza de AMLO

Por Jesús López Segura

Según el reciente reporte del INEGI, el sistema de justicia mexicano ha logrado algo extraordinario: convertir la impunidad en una institución tan sólida como inamovible. Con un 90% de impunidad, millones de expedientes acumulados, y la “cifra negra” de delitos no denunciados en 92.4%, es evidente que las fiscalías en México operan con la misma efectividad que una roca tratando de flotar.

Pero semejantes cifras de monstruoso fracaso, bajo el supuesto de que lo que se busca es eficientar el aparato de justicia, dejan la duda elemental de por qué la famosa y controvertida Reforma Judicial, recién aprobada, mantuvo intocadas a las fiscalías y ministerios públicos, blandiendo la guadaña solo contra jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.

La respuesta a esa simple pero trascendental interrogante habría que buscarla en las verdaderas motivaciones de un régimen que declaró abiertamente su intención de abrazar a los delincuentes, política oficial acompañada de continuos espaldarazos presidenciales a un fiscal general de la República (ratificado sorprendentemente en la nueva administración) que, a todas luces, se tomó muy en serio esa sui géneris “estrategia” de alcahuetear a los criminales y, a pesar de su presunta autonomía, se puso enteramente a las órdenes del Ejecutivo, lo que le permitió usar la institución para dirimir sus asuntos personalísimos.

Alejandro Gertz Manero uso la FGR para sus venganzas personales

El panorama es aún más desolador si observamos el presupuesto asignado. Según la nota respectiva publicada por Proceso, citando al INEGI, la FGR tiene un promedio de 236,283 pesos para cada expediente. Pero en el Estado de México, por ejemplo, los fiscales apenas cuentan con 14,000 pesos por caso, lo que limita drásticamente su eficacia. Al parecer, la justicia en este estado tiene que estirarse con un presupuesto que alcanza apenas para lo básico: un expediente y quizá una engrapadora, lo que garantiza la disfuncionalidad de la fiscalía respecto de la lucha contra el crimen, pero su funcionalidad respecto de la estrategia de llevar la impunidad al extremo, independientemente de las indudables buenas intenciones del fiscal mexiquense.

Juzgados civiles de Toluca, Estadp de México

En resumen, la justicia en México y especialmente en el Estado de México, funciona como una verdadera fábrica de rezagos, donde el presupuesto es simbólico, los expedientes se apilan y la justicia parece siempre estar en modo de espera. Con alrededor de seis mil jueces y fiscales para atender a más de 120 millones de personas, queda claro que este sistema no tiene prisa. Después de todo, la impunidad aquí no es el problema, es la norma.