“Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, un burdo engaño. AL GRANO. Por Jesús López Segura
Proceso describe el fracaso de una plan mediático que empeoró problemas que iba a resolver
La crónica de Proceso sobre el colapso del llamado “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” retrata algo más grave que un simple fracaso operativo: exhibe una estrategia gubernamental diseñada para producir impacto mediático inmediato tras dos asesinatos políticamente incómodos —los de Bernardo Bravo y Carlos Manzo— y posteriormente abandonada a su suerte mientras la violencia retomaba el control del territorio.
El reportaje de Patricia Monreal describe con crudeza cómo el retiro de una Base de Operaciones Interinstitucionales en Acatlán bastó para que los grupos criminales reactivaran de inmediato la disputa armada y obligaran al desplazamiento de 668 personas en comunidades de Apatzingán. La escena revela una verdad demoledora: el Estado no había recuperado el territorio; apenas había montado una ocupación temporal y propagandística.
Eso explica por qué el “rimbombante” plan anunciado por el gobierno federal tras los asesinatos de Bernardo Bravo —líder limonero asesinado brutalmente— y Carlos Manzo en Uruapan terminó convertido en una estructura hueca. El operativo nació como respuesta política a tragedias que generaron presión pública nacional, no como una estrategia seria de reconstrucción institucional en Tierra Caliente.
La propia nota subraya un dato devastador: durante los primeros cuatro meses de operación del plan, 59 municipios michoacanos registraron aumentos delictivos. En Apatzingán crecieron amenazas, extorsiones, lesiones y despojos. Es decir, mientras el gobierno presumía despliegues militares y detenciones de objetivos prioritarios, la vida cotidiana de la población empeoraba.
Ahí radica uno de los señalamientos más demoledores del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA): capturar o eliminar líderes criminales no equivale a desmontar las estructuras económicas, sociales y territoriales del crimen organizado. El gobierno vende golpes espectaculares; el narco conserva el control real.
La reseña de Proceso también desnuda la simulación detrás de la militarización permanente. Las bases militares aparecen y desaparecen, pero las comunidades continúan vaciándose. Pueblos enteros convertidos en fantasmas pese a la presencia de Guardia Nacional y Ejército. El caso de Paso del Capire, donde quedan tres habitantes de los 70 que había en 2020, resume el fracaso absoluto del Estado mexicano para garantizar condiciones mínimas de vida.
Particularmente severa es la acusación contra el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, al que organizaciones civiles reprochan haber abandonado incluso los diagnósticos y trabajos iniciales sobre desplazamiento forzado. La administración estatal aparece retratada como una autoridad resignada a administrar la tragedia en lugar de combatirla. Si hay un gobernador que opera como cómplice de criminales -según acusa permanentemente el gobierno de los Estados Unidos– ése es Alfredo Ramírez Bedolla.
La respuesta oficial ante organismos internacionales tampoco sale bien librada. Mientras activistas describían amenazas, reclutamiento forzado, desapariciones y uso de explosivos improvisados, el embajador mexicano ante la OEA, Alejandro Encinas, respondió con referencias genéricas al Plan Michoacán, como si la sola existencia burocrática del programa bastara para negar la realidad de miles de desplazados.
La conclusión implícita del reportaje resulta demoledora para el gobierno de Claudia Sheinbaum: el Plan Michoacán parece haber sido concebido más para contener el costo político derivado de dos asesinatos mediáticos que para recuperar efectivamente el Estado de Derecho en Tierra Caliente. Y una vez disipado el escándalo nacional, las comunidades quedaron otra vez solas frente a los grupos criminales, más envalentonados y protegidos que nunca por el propio gobierno que debería combatirlos.
El saldo humano es brutal: miles de desplazados, pueblos vacíos, economías rurales destruidas y una población que ha aprendido que, cuando las autoridades anuncian grandes planes de pacificación, lo más prudente quizá sea prepararse para el siguiente abandono.
Otro presunto narcogobernador, Alfonso Durazo, ha puesto cínicamente sus barbas a remojar: Dijo ayer textualmente en la reunión de mandatarios estatales con Claudia Sheinbaum, refiriéndose al escándalo de Rubén Rocha Moya que, “por el bien de todos, más vale que seamos respetuosos de la presunción de inocencia porque puede afectar a cualquiera”.
