Alfredo Ramírez Bedolla no persigue a los asesinos de Carlos Manzo, acosa a su viuda
La prioridad ahora es detener a toda costa el crecimiento político del movimiento del sombrero
Por Jesús López Segura
Hay algo profundamente revelador en la forma en que el régimen michoacano decidió administrar la herencia política de Carlos Manzo. Durante los días posteriores a su asesinato, los abrazos sobraban. Diputados, funcionarios y dirigentes morenistas se apretujaban para fotografiarse junto a su viuda, Grecia Quiroz, prometiendo justicia, respaldo y acompañamiento. Seis meses después, como lo describe la nota de Proceso, los abrazos se transformaron en denuncias penales, reformas electorales con dedicatoria y campañas de hostigamiento político.
La pregunta inevitable es ¿qué cambió?
Porque los responsables intelectuales y operativos del crimen de Manzo no aparecieron por generación espontánea. Conforme avanzaron las investigaciones, comenzaron a surgir elementos mucho más incómodos que cualquier protesta frente al Congreso local. Las pesquisas exhibieron que la red criminal que planeó y ejecutó el asesinato contaba con informantes incrustados en instituciones encargadas precisamente de combatir al crimen.
Un funcionario de la Fiscalía Regional de Uruapan fue detenido por filtrar información sobre órdenes de aprehensión y avances de las investigaciones. Un agente de la Guardia Civil también quedó bajo sospecha por proporcionar datos a integrantes de la organización criminal involucrada. En otras palabras: mientras unos organizaban el asesinato del alcalde, otros les avisaban desde dentro del aparato gubernamental qué estaba haciendo la autoridad.
Sin embargo, pareciera que semejante escándalo institucional pasó a segundo plano.
Hoy la prioridad de la clase política oficialista ya no parece ser desmantelar las redes que infiltraron a la Fiscalía y a la Guardia Civil, sino contener el crecimiento del Movimiento del Sombrero.
La reforma electoral aprobada por Morena y sus aliados en Michoacán tiene el aroma inconfundible de las leyes hechas a la medida del adversario. Se prohíben campañas conjuntas, símbolos compartidos, colores comunes y cualquier manifestación que permita a candidaturas independientes proyectarse como un movimiento organizado. Curiosamente, los legisladores no mostraron el mismo entusiasmo para corregir las verdaderas desventajas que enfrentan los ciudadanos sin partido: financiamiento raquítico, requisitos excesivos para reunir firmas y obstáculos burocráticos diseñados para favorecer a las estructuras partidistas.
El mensaje es transparente. Lo que preocupa no es la inequidad electoral. Lo que preocupa es que el Movimiento del Sombrero crezca.
La escena resulta todavía más grotesca cuando se recuerda que el 5 de noviembre de 2025 esos mismos actores políticos aplaudían la llegada de Grecia Quiroz a la alcaldía de Uruapan. Hoy exigen disculpas públicas, promueven denuncias penales en su contra y la señalan como responsable de los daños ocurridos durante una protesta contra una reforma que consideran hecha para expulsarlos de la competencia, además de que Gerardo Fernández Carroña la acusó de ambiciosa y fascista.
La velocidad de la metamorfosis resulta admirable. En apenas medio año pasaron de las condolencias a la criminalización.
Y cuando la narrativa de la reforma electoral no alcanzó para desacreditar al movimiento, apareció el tema del teléfono celular de Carlos Manzo. Desde el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla hasta diputados morenistas comenzaron a exigir públicamente la entrega del aparato, aunque pocos parecieron interesados en explicar por qué la propia Fiscalía no había realizado el requerimiento formal correspondiente.
La sospecha es inevitable: cuando las investigaciones comenzaron a acercarse a territorios incómodos para ciertas estructuras de poder, la relación entre el oficialismo y la viuda del alcalde asesinado se deterioró de manera acelerada.
Resulta difícil ignorar la ironía. Mientras las pesquisas revelan infiltraciones criminales en instituciones del Estado, quienes exigen explicaciones son precisamente los mismos grupos políticos que ahora concentran sus energías en acotar al movimiento surgido alrededor de la figura de la víctima.
Y así, en la versión michoacana de la justicia selectiva, los sospechosos de haber permitido la infiltración criminal en las instituciones terminan dictando quién debe sentarse en el banquillo de los acusados.
La pandilla criminal implicada en el asesinato de Manzo ya no solo trata de encubrir el magnicidio, está empeñada en aplastar el legado político de su víctima.
