Ahora resulta que la palabra de Sergio Sarmiento es ley. AL GRANO. Por Jesús López Segura
¿Qué mayor “defensor de las audiencias” que la ley vigente para concesionarios?
Desde ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum reproduce una y otra vez, en la Mañanera del Pueblo, un audio de Sergio Sarmiento grabado hace 26 años y ratificado hace apenas unas horas, en el que el periodista sostiene —ante la evidente incomodidad de Ciro Gómez Leyva, Denise Maerker, Joaquín López-Dóriga y otros colegas— que los medios de comunicación mienten y que, “en algunas ocasiones, lo hacen deliberadamente”.
De pronto, la palabra de Sergio Sarmiento adquirió rango casi constitucional para el aparato de comunicación presidencial, encabezado por Jesús Ramírez Cuevas. El audio se exhibe compulsivamente como si constituyera la prueba definitiva de que todos los medios críticos del gobierno falsean la realidad. “Lo dicen ellos”, repite una Presidenta que, por unos segundos, sustituye su habitual gesto de preocupación contenida por una expresión de satisfacción difícil de disimular.
No se trata, según la narrativa oficial, de la opinión de un “comentócrata” cualquiera, susceptible de acierto o de error. Presentada por la propia mandataria, la declaración se convierte en un reconocimiento explícito, inequívoco e irrefutable de que la llamada comentocracia “miente como respira”. Es, en el fondo, una reedición de aquella frase acuñada por López Obrador, el maestro de maestros en la descalificación cotidiana de sus adversarios desde el púlpito presidencial, sin que jamás las autoridades electorales consideraran que el uso permanente de recursos públicos para desacreditar a los opositores merecía un enérgico llamado de atención.
Como la popularidad de doña Claudia y de su proyecto político ya no disfruta de la eficacia hipnótica que tuvieron las conferencias matutinas de su antecesor, ahora pretenden sacar de la chistera el supuesto plan para “defender a las audiencias”: una ocurrencia de Luisa María Alcalde y Jesús Ramírez Cuevas que nace sin sustento jurídico, sin lógica democrática y con escasas posibilidades de sobrevivir al primer análisis serio.
Basta una distinción elemental para advertir el despropósito. Existen medios de comunicación de estructura vertical “autoritaria” —la radio y la televisión concesionadas, esencialmente— donde la comunicación fluye en un solo sentido y el receptor carece de mecanismos inmediatos para responder. En contraste, los medios digitales funcionan de manera horizontal: cualquier usuario puede replicar, cuestionar, desmentir o debatir prácticamente en tiempo real. 
Precisamente por esa diferencia, el Estado ya dispone de instrumentos legales para sancionar a los concesionarios de radio y televisión que incumplan las obligaciones inherentes al uso del espectro radioeléctrico. Si un concesionario viola reiteradamente la ley, existen procedimientos administrativos e incluso la posibilidad de revocar la concesión. Ése, y no otro, constituye el auténtico mecanismo de protección de las audiencias previsto por la legislación vigente que doña Claudia no se atreve a aplicar por alguna extraña razón.
Lo que ahora pretende venderse como una gran innovación consiste, en realidad, en trasladar esa responsabilidad a un supuesto “defensor de las audiencias” designado por los propios medios concesionados, una figura burocrática que difícilmente añadirá algo a un marco jurídico que ya contempla facultades para incluso cancelar la concesión.
Dicho de otro modo, si el gobierno realmente estuviera convencido de que TV Azteca, o cualquier otro concesionario, utiliza de manera sistemática el espectro radioeléctrico para violar la ley, conspirar contra el Estado mexicano o servir a intereses extranjeros, no necesita inventar nuevos defensores ni nuevas estructuras burocráticas. Las herramientas legales ya existen.
Tal vez el problema no sea la ausencia de instrumentos jurídicos, sino la necesidad política de fabricar un nuevo enemigo para justificar un mayor control sobre los medios incómodos no concesionados. Porque una cosa es proteger el derecho de las audiencias, y otra muy distinta utilizar ese noble principio como pretexto para intentar domesticar a quienes todavía conservan la incómoda costumbre de criticar al poder sin estar sujetos a rigurosas legislaciones vigentes para regular a concesionarios rebeldes.
Si doña Claudia quisiera realmente controlar a Ricardo Salinas más allá de retirarle la generosa millonada publicitaria con la que enriquece a Televisa y La Jornada, entre otros, desde cuando ya le hubiera cancelado la concesión a un medio que más que detractarla, le ayuda a crear la apariencia de “tolerancia a la crítica”.
A lo que verdaderamente Chucho Ramírez, como representante de ya sabe usted quién, le tiene pavor, es a las cada vez más irreverentes redes sociales. Al tiempo.
