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Andrés Manuel López Obrador

“Hay corrupción en todos los cuerpos policiacos”, descubre Durazo en entrevista con La Jornada. Por Jesús López Segura / LA VERSIÓN NO OFICIAL

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Mientras la carnicería crece incontenible, él se entretiene con abstracciones sobre la Guardia Nacional

“Hay corrupción prácticamente en todos los cuerpos de seguridad del país y si no se mete orden en las policías municipales y estatales, la Guardia Nacional (GN) podría resultar insuficiente”, afirma Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En entrevista con La Jornada, el funcionario sostiene que en 50 municipios es prioritario hacer limpieza, ya que están penetrados por el crimen organizado estructuralmente, a tal grado que no hay una distinción entre los grupos delictivos y el funcionario uniformado.

Pide tiempo y paciencia a la sociedad porque “la Guardia Nacional no se puede construir de un día para otro. Hay un proceso legislativo, un proceso presupuestal y administrativo-organizacional y operativo de despliegue; todo eso lo hemos hecho en cinco meses y ya tenemos creada la figura constitucional reglamentaria, presupuestal y operativa…”

Así que luego de más de un año de haberse perfilado en el cargo, apenas ahora el secretario encargado de la delicadísima tarea de recuperar la paz en el país, se percata de que la violencia está institucionalizada en México. Arraigada estructuralmente en la burocracia policial y política -supuestamente encargada de combatirla-, a tal grado, que más bien se trata de una simbiosis abocada a administrarla para facilitar el saqueo.

No es con una guerra declarada contra quienes se inscriben en ese negocio megamillonario como se va a frenar el genocidio. No es con acciones heroicas de una hipotética Guardia Nacional apenas en construcción -y que llevará mucho tiempo consolidar como la instancia eficaz y al mismo tiempo respetuosa de la civilidad y derechos humanos que se pretende- como va a terminar la pesadilla en la que vivimos “hoy, hoy, hoy”, los mexicanos. No.


La única forma de entender la línea presidencial de atacar la violencia en sus causas profundas evitando hacerlo con más violencia, y pacificar al país sin incendiarlo con la continuidad de una guerra absurda, es legalizando marihuana y cocaína, dos drogas de las más populares y relativamente inocuas que pronto van a considerarse legales en todo el mundo civilizado.

Volver enteramente legal el consumo de esas dos drogas y regular por parte del Estado el tráfico de todas las drogas en el territorio nacional se lograría con una votación fast track de la mayoría de Morena en el Congreso. Pero el Sr. Durazo sigue entreteniéndose con la idea de crear una fuerza represiva y, al mismo tiempo “pacificadora”, que sólo existe en su imaginación, mientras continúa la carnicería y crece y se torna cada vez más terrible y siniestra.

El secretario no da una. La violencia crece a tasas incluso mayores que en el periodo negro del gobierno de la mafia del poder y parece olvidar que la pesadilla se inició con el garrotazo que Felipe Calderón le pegó al avispero al llevar el paradigma del prohibicionismo a extremos que ni Richard Nixon -el padre e impulsor de ese paradigma a escala internacional- se hubiera atrevido a plantear.

Perseguir con el Ejército a los que hacen negocio en el lucrativo mercado de las drogas; obligarlos a trabajar en la clandestinidad, es decir, a violar la ley en forma sistemática, y acostumbrarlos a mercar fuera de un marco institucionalmente regulado, constituye una torpe invitación a que sigan violando el Estado de Derecho cada vez con más frecuencia y ferocidad.

Adicionalmente, el mercado negro hace crecer de manera exponencial los precios de los estupefacientes brindando a quienes lo controlan los recursos suficientes para adquirir armas más poderosas y modernas que las que portan quienes los combaten, así como corromper a funcionarios públicos de todos los niveles -incluidos presidentes de la República- imponiendo candidatos a puestos de elección popular y diversificando sus actividades criminales a la más diversa gama de atrocidades contra la sociedad.

Hacer legal lo ilegal obligaría a los narcos a conducirse en el terreno de la ley -verdad de perogrullo profundamente redundante-, y los despojaría de los inmensos recursos que el carácter negro del mercado en el que trabajan les provee, cantidades industriales de dinero que les permite desafiar al Estado y masacrar a la población. Al mismo tiempo el Estado mexicano se reforzaría con cuantiosos recursos adicionales para financiar la recuperación del país y rescatar a las masas víctimas de los narcotraficantes con oportunidades reales de empleo digno, educación de calidad y respaldo médico.

Los resultados espectaculares del fin del prohibicionismo respecto del alcohol parecen ser ignorados por quienes se llenan la boca con incendiarios conceptos de “una transformación nacional de la talla de la Revolución Mexicana, pero que no se atreven a dar un sencillo paso que en varios estados de la Unión Americana y países mucho menos afectados que México por la violencia genocida -a la que la vecindad con los mayores consumidores del planeta nos obliga-, han dado sin mayores problemas.

No solo los policías y sus mandos están simbióticamente asociados con los criminales, como plantea Durazo, también muchos funcionarios públicos de todos los niveles, incluso los más altos, forman parte de ese esquema que institucionalizó un Estado de Excepción en México con el que se abrió la puerta para el saqueo de las finanzas públicas a gran escala, política que va mucho más allá de un simple fenómeno de corrupción inducida, auspiciada -y no solamente “tolerada”- por los presidentes prianistas, sino que en realidad se trató de una guerra intencional contra la población a la que se aterrorizó militarmente para crear las condiciones que facilitaran ese saqueo masivo.

Durazo hace caso omiso de la estrategia planteada por el Presidente y se olvida del tema fundamental para la pacificación del país, es decir, el que pasa necesariamente por la legalización de la marihuana y la cocaína, la incautación masiva de los bienes de los cárteles del narcotráfico, el encarcelamiento inmediato de los funcionarios públicos del presente y el pasado inmediato que colaboraron, desde cualquier ámbito de la burocracia, con los criminales, y la eventual expedición masiva de permisos de portación de armas a los miembros comprobados del “pueblo bueno” para que ayuden a esa pacificación inmediata del país.

El timorato prurito contra la legalización que Durazo comparte con los conservadores del panismo más reaccionario, le impide apreciar lo obvio: la prohibición del consumo de drogas no es el único, pero sí el factor determinante de la violencia en México.

Si no pueden, renuncien, les decía un célebre padre adolorido a los que diseñaron esta maligna estrategia de inseguridad pública con el inconfesable fin de despojar a todo un pueblo.

Todas las muertes que se generen antes de que se decida el Sr. Durazo a atacar de raíz este problema, serán enteramente su responsabilidad y no podrá eludir el juicio de la historia como el más torpe e ingenuo encargado de la seguridad de los mexicanos, es decir, el que se entretuvo durante meses jugando a la capacitación de soldaditos muy respetuosos de los derechos humanos, muy disciplinaditos para aguantar escupitajos, burlas y palizas, al tiempo que los criminales y sus socios de la burocracia corrupta se seguían fortaleciendo con la prohibición.

“Frente a la dimensión del problema de inseguridad es muy difícil pedir a la gente que nos dé tiempo, pero la construcción de todo el andamiaje imprescindible para ser eficaces en el combate a la inseguridad lleva tiempo”, espeta un funcionario perfectamente adaptado a nuestra trágica normalidad.

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