Corte admite acción de inconstitucionalidad contra la militarización de la Guardia Nacional
Y Jueza concede suspensión definitiva contra incorporación de Guardia Nacional a la Sedena
Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte, notificó ayer lunes su decisión de admitir a trámite la impugnación de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena y requirió a los legisladores que la presentaron que envíen copia certificada de los documentos que acreditan su personalidad jurídica como integrantes de la Cámara de Senadores.
Asimismo, emplazó al Congreso de la Unión y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que en un plazo de 15 días hábiles rindan sus informes sobre la reforma que pretende la militarización de la Guardia Nacional.
Simultáneamente, la juez Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato, Karla Macías, concedió la suspensión definitiva contra el decreto respectivo y ordenó que no se transfiriera el control operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La suspensión tendrá vigencia hasta que la juzgadora dicte su sentencia de amparo.
La jueza Macías Lovera detalló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control del crimen común o violencia interna, puesto que su entrenamiento está dirigido a alcanzar un objetivo legítimo y no a la protección y control de civiles, para lo cual reciben capacitación las policías.
Con su resolución, la juez Karla Macías revivió el freno que la semana pasada fue revocado en menos de 24 horas por un Tribunal Colegiado en el estado de Guanajuato.
Los magistrados dejaron sin efectos la suspensión provisional que la juez concedió desde que admitió la demanda de amparo, sin embargo, esa decisión no impedía a la juez conceder la suspensión en definitiva, como lo hizo en esta ocasión.
Ambas vías legales conducen a que sea la SCJN la que decida finalmente sobre el asunto. En el caso del juicio de amparo, el gobierno federal puede impugnar el fallo de primera instancia a través de un recurso de revisión, para que un tribunal colegiado determine si confirma, modifica o revoca la resolución, tras lo cual aún queda la instancia final en la Corte.
Así, todo parece indicar que el Poder Judicial de la Federación podría poner un dique al proyecto del Gobierno de AMLO y sus obsecuentes legisladores en todo el país, de militarizar la Seguridad Pública al menos hasta 2028.
