Ilustra con el video de una señora histérica sus argumentos de que los marchistas son “clasistas y racistas”

LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López Segura

“La marcha a favor del INE fue un striptease político del conservadurismo en México“. Con esa frase lapidaria inicia el Presidente López Obrador su larguísima evaluación (de casi 3 horas en La Mañanera) de la marcha encabezada por un grupo nutrido de ciudadanos que no están de acuerdo con que se rediseñe el Instituto Nacional Electoral y se eliminen los institutos electorales estatales.

A la pregunta de una reportera de Los Angeles Times sobre si él no tiene parte de la culpa de la polarización en México por argumentos tan fuertes contra los opositores como el de que son racistas y clasistas, el Presidente López Obrador responde que EU está más polarizado e ilustra sus argumentos con el video de una mujer histérica que le grita “indio pata rajada y naco”.

Sobre el número aproximado de participantes hay mucha desinformación, porque el regateo por un lado y la exageración por el otro, forman parte de esa rebatinga altamente polarizada.

Los argumentos de una y otra parte han sido, sin embargo, muy pobres. Ni el INE es un apóstol de la democracia como pretenden los marchistas, ni tampoco todos los opositores a la iniciativa presidencial son racistas y clasistas.

Los marchistas, por un lado, han sido incapaces de explicar claramente por qué están en contra del rediseño del INE, más allá de frases, también lapidarias, en el sentido de que se pretende regresar a la época en la que el Gobierno controlaba las elecciones. Pero tampoco el Presidente y, sobre todo, los autores de la iniciativa (Pablo Gómez y Horacio Duarte) contribuyen con argumentos sólidos para justificar que “ahora será el pueblo el que elija a sus autoridades electorales”.

Los 60 candidatos a consejeros electorales, en el esquema propuesto, serán elegidos por los 3 poderes del gobierno: 20 del Ejecutivo, 20 del Legislativo y otros 20 por el Poder Judicial. Luego vendrá una votación abierta de la ciudadanía en pleno que elegirá a los 7 consejeros de entre esas 60 propuestas de la burocracia gubernamental.

Pero surge otra duda terrible sobre quién organizará el proceso final, si se deja en manos del INE actual, al que se considera poco confiable (y por eso precisamente se plantea la reforma) o se deja en manos de un grupo de notables de la 4té ¡estamos fritos! porque ya nos ha demostrado Mario Delgado con creces su tremenda ignorancia en materia de demoscopía.

Don Andrés ni siquiera tiene claro que la propuesta de Gómez y Duarte para el rediseño del árbitro electoral en todo el país, no contempla -como él dice cada 5 minutos- “la desaparición de las plurinominales”, sino un mecanismo que reduzca el número de diputados de 500 a 300, por ejemplo, pero que, al mismo tiempo, permita salvar la integración proporcional de las minorías mediante el voto directo.

El argumento central de Pepe Woldenberg en el único discurso de la marcha, giró en torno al problema de la desaparición de las OPLES y la consecuente centralización en unas cuantas manos, de los procesos electorales de todo el país, es decir, volver a la época, sin lugar a dudas, del presidencialismo salvaje.

Pero eso no quiere decir que el INE y los propios organismos locales no sean perfectibles. Siempre debemos apuntar al perfeccionamiento de nuestras instituciones, preservando lo bueno que hayan demostrado en la práctica y corrigiendo lo malo, pero sin caer en el borrar de un plumazo todo para empezar de nuevo, máxime cuando lo que se aprecia de inmediato es una intención de avasallar al árbitro electoral con fines que nada tienen que ver con la democracia.

Finalmente me parece que los opositores al régimen han escogido muy mal su bandera de lucha para retornar al poder. Difícilmente iban a convocar a millones de participantes en la marcha con un pretexto tan endeble como identificar a un organismo desprestigiado por sus torpezas de hacerse de la vista gorda en evidentísimas violaciones a las leyes electorales y con su empecinamiento en gozar sueldos y prestaciones millonarias, entre otros abusos imperdonables.

Más les hubiera valido oponerse con fuerza a la militarización de la Seguridad Pública, pero en ese caso Alito y compañía decidieron apoyar al Presidente con tal de salvar el pellejo de las atrocidades que balconeó Layda Sansores. ¿Qué credibilidad pueden tener los priistas que apoyaron esa basura?

¿Y qué credibilidad puede tener un Gobierno que usa la amenaza judicial para obtener apoyos políticos, en vez de combatir a fondo la corrupción, tal como prometió?

Yo diría que, ni pintados, están hechos tal para cual.