“De inmediato se presentará el recurso de revisión correspondiente”, anunció la FGR

El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, obtuvo un amparo que le concede la libertad provisional y le permite enfrentar su proceso penal en prisión domiciliaria. El Tribunal Federal, a través del magistrado Juan Pedro Contreras Navarro, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México, resolvió otorgar esta medida al exfuncionario, quien desde siempre ha sido tratado como un cliente VIP por el Poder Judicial.

La decisión del tribunal se fundamenta en la consideración de que no existe riesgo de que Lozoya se sustraiga de la acción de la justicia. Este fallo, notificado este martes, implica que Emilio Lozoya continuará su proceso en su domicilio.

Según lo establecido, Lozoya saldrá del Reclusorio Norte para cumplir con tres días de prisión domiciliaria, durante los cuales será vigilado por la Guardia Nacional mientras gestiona un brazalete electrónico que le permita circular por la Zona Metropolitana del Valle de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha manifestado su desacuerdo con la decisión del tribunal, señalando que Emilio Lozoya no ha ganado ningún juicio sometido por el Ministerio Público de la Federación. En un comunicado, la FGR califica los privilegios procesales concedidos a Lozoya como injustos y desproporcionados, argumentando que tales decisiones han sido parciales e ilegales.

La suspensión definitiva otorgada previamente a Lozoya, que no implica su liberación, sino que su libertad personal quede a disposición del juzgado de amparo y del juez de control encargado del proceso, refleja la complejidad y la disputa jurídica en torno al caso.

La FGR ha anunciado la presentación de un recurso de revisión contra la medida de prisión domiciliaria, buscando revertir lo que consideran un trato desigual e injusto en el proceso judicial. La decisión del tribunal y las reacciones de las autoridades competentes continúan alimentando el debate en torno a la justicia y la legalidad en el caso Lozoya.

Tan solo por el caso Odebrecht, tanto Lozoya como su exjefe Enrique Peña Nieto, podrían haber sido acusados de traición a la patria, pues se demostró que ganaron la presidencia de la República financiados por una empresa extranjera, lo que constituye una de las causales del gravísimo delito que el Presidente López Obrador ha pasado por alto por un aparente pacto de impunidad con su antecesor en el cargo.