“Sigo trabajando. Fui utilizado como carne de cañón en una disputa familiar”: Fernando Flores
De acuerdo con una nota de Mellissa López publicada en Milenio, el alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, rechazó categóricamente que exista motivo alguno para solicitar licencia a su cargo, al sostener que no cometió delito alguno durante los hechos ocurridos el pasado 4 de junio en el Club Deportivo La Asunción.
El edil afirmó haber colaborado plenamente con las investigaciones y subrayó que el incidente se originó en un conflicto estrictamente familiar desarrollado dentro de una propiedad privada, sin afectaciones a terceros. “No hay un delito… a menos que se considere delito abrir una puerta”, expresó, al señalar que las propias grabaciones difundidas muestran una conducta difícilmente equiparable a los graves señalamientos que se le han hecho.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene abierta una investigación por presuntos delitos de abuso de autoridad y lesiones, mientras Flores reiteró que fue utilizado como “carne de cañón” en una disputa familiar y refrendó su disposición a atender todos los requerimientos ministeriales.
Lo cierto es que las declaraciones del alcalde evidencian la magnitud del linchamiento mediático y político desatado tras la difusión de los videos. Hasta el día de hoy no existe resolución judicial alguna que acredite responsabilidad penal en su contra, pero eso no ha impedido que se le condene anticipadamente en la plaza pública.
Tiene razón la presidenta de la Mesa Directiva y de la Diputación Permanente del Congreso mexiquense, Martha Azucena Camacho Reynoso, cuando sostiene que no corresponde al Poder Legislativo emitir una posición oficial hasta que la Fiscalía determine si existe o no un delito que perseguir. Una postura institucionalmente prudente que contrasta con el apresurado comunicado emitido por la bancada de Morena, cuyos integrantes se lanzaron a quemar en leña verde al alcalde antes de conocer siquiera el resultado de las investigaciones.
Ese desencuentro entre los propios morenistas revela, al menos, dos hechos políticamente significativos:
Primero: que la gobernadora Delfina Gómez ha optado, con inteligencia política y lealtad a la verdad, por mantenerse al margen de una campaña que ha adquirido tintes de linchamiento mediático e institucional contra Fernando Flores. En contraste, diversos actores del oficialismo -bien identificados por la opinión pública informada de la entidad-, parecen particularmente interesados en desgastar a uno de los adversarios políticos más visibles en la antesala de los procesos electorales que se avecinan en una de las plazas estratégicas del Estado de México.
Segundo: resulta difícil pasar por alto que el mismo aparato de difusión que ha logrado colocar este asunto hasta en la conferencia mañanera presidencial también haya servido para golpear, simultáneamente, a corrientes internas de Morena consideradas adversarias en el control político del estado. Las coincidencias, en política, rara vez son producto del azar.
Más inquietante aún resulta la aparente indiferencia de las autoridades electorales frente a un fenómeno inédito: la utilización sistemática de plataformas informativas locales para impulsar una campaña de desprestigio de enormes proporciones, plagada de mentiras y verdades a medias, contra un alcalde en funciones, en un contexto claramente preelectoral.
Hay además una paradoja imposible de ignorar. Morena suele cerrar filas sin titubeos cuando alguno de sus cuadros es señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con organizaciones criminales. En contraste, la dirigencia nacional del PAN ha mostrado una actitud que raya en la traición con uno de sus principales activos políticos en el Estado de México.
Resulta cuando menos desconcertante que algunos liderazgos panistas se hayan sumado con tanta facilidad a la condena pública de Fernando Flores sin esperar siquiera el desenlace de la investigación encabezada por una Fiscalía que, hasta ahora, ha construido una reputación de profesionalismo y autonomía. Precisamente por ello, parece poco probable que la institución termine subordinando sus determinaciones a una estrategia de desgaste político impulsada desde intereses electorales de la peor ralea.
Porque una cosa es investigar hechos que deben ser esclarecidos y otra muy distinta utilizar una investigación en curso como instrumento para intentar derrocar políticamente a un adversario. La diferencia entre justicia y persecución suele ser sencilla de identificar: en la primera hablan las pruebas; en la segunda, los prejuicios.
