El crimen ya no soborna políticos, los elige. LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López Segura
El voto huachicolero: la sombra del crimen organizado se alarga sobre la política mexicana
Lo que hace apenas unos años parecía una denuncia incómoda hoy comienza a perfilarse como un patrón. La infiltración del crimen organizado en la política mexicana dejó de ser una sospecha aislada para convertirse en una de las mayores amenazas a la democracia, alimentada por un negocio multimillonario: el huachicol fiscal.
Así lo advierte un análisis de la revista Proceso que recuerda que las autoridades estadounidenses ya no hablan únicamente de cárteles traficando drogas o combustible robado. Ahora los señalan como inversionistas electorales capaces de financiar campañas, comprar medios de comunicación y colocar en cargos públicos a políticos dispuestos a proteger sus operaciones.
El tema explica el evidente nerviosismo del gobierno de Claudia Sheinbaum. No se trata solamente de un diferendo diplomático ni de un intercambio de declaraciones. Las acusaciones provenientes de Washington golpean directamente el corazón de la legitimidad política del grupo gobernante, justo cuando Morena comienza a preparar la estratégica elección de 2027.
Mientras la Presidenta exige pruebas, la investigación estadounidense sigue acumulando instituciones detrás. El reporte del 30 de junio fue elaborado por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) en coordinación con el Departamento del Tesoro, la OFAC, la DEA, el FBI y Homeland Security Investigations, un aparato de inteligencia difícil de descalificar con un simple “carecen de pruebas”.
La conclusión resulta demoledora: los cárteles de Jalisco, Sinaloa y del Golfo no sólo lavan dinero mediante el huachicol fiscal, sino que utilizan esas ganancias para financiar campañas políticas y medios de comunicación con el propósito de colocar en posiciones estratégicas a funcionarios dispuestos a facilitar sus negocios.
La propia Oficina de Control de Activos Extranjeros ya sancionó a personas físicas y empresas presuntamente vinculadas con una red de huachicol ligada al CJNG, mientras las investigaciones apuntan a complejas estructuras empresariales utilizadas para mover recursos ilícitos disfrazados de operaciones comerciales.
Pero quizá lo más inquietante es que nada de esto apareció de la noche a la mañana. Desde el caso del llamado “Rey del Huachicol“, Sergio Carmona, asesinado en 2021, comenzaron a surgir versiones sobre el uso de dinero proveniente del robo de combustibles para financiar campañas de Morena en distintos estados. El libro “Ni venganza ni perdón“, de Julio Scherer Ibarra, recoge precisamente esas denuncias sobre Tamaulipas, Sonora y Sinaloa.
Las advertencias tampoco faltaron dentro de México. La Auditoría Superior de la Federación documentó que entre 2019 y 2024 el huachicol fiscal provocó un quebranto de 554 mil 750 millones de pesos al erario por concepto de IEPS que nunca ingresó a las arcas públicas. Una cifra difícil de dimensionar: suficiente para financiar múltiples programas sociales, construir infraestructura o fortalecer sistemas completos de salud y educación.
La ASF alertó durante años a Aduanas, al SAT, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía sobre las rutas del contrabando de combustibles. Paralelamente, la Fiscalía General de la República identificó una gigantesca red integrada por al menos 555 empresas, funcionarios, militares y empresarios que operaban desde ocho puertos estratégicos del país.
La diferencia ahora radica en que las autoridades estadounidenses elevan el señalamiento a un nivel político mucho más delicado: sostienen que parte de ese dinero habría terminado financiando campañas electorales y ayudando a elegir gobernadores, legisladores y autoridades locales.
Si esa hipótesis termina acreditándose, el problema dejaría de ser únicamente el crecimiento del huachicol. Estaríamos frente a la consolidación de una nueva modalidad de captura del Estado, donde el crimen organizado ya no se conforma con corromper funcionarios: participa activamente en la selección de quienes gobernarán.
El “voto huachicolero” dejaría entonces de ser una metáfora para convertirse en el símbolo de una democracia contaminada por recursos criminales. Y conforme las investigaciones avanzan al norte del Río Bravo, también crece la lista de políticos mexicanos cuya carrera podría terminar explicándose menos por el respaldo ciudadano que por el financiamiento de los cárteles.
