Ayotzinapa para principiantes. LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López Segura

El caso nunca se resolverá mientras exista un pacto de impunidad con Peña Nieto y con los militares

Hace 8 años, la madrugada del 27 de Septiembre de 2014, 43 jóvenes normalistas fueron asesinados y desaparecidos por un grupo delincuencial del estado de Guerrero, con la participación de policías municipales, estatales y soldados del Ejército mexicano. El motivo del asesinato masivo fue que esos estudiantes, proclives a andar secuestrando camiones -mal hábito que conservan hasta la fecha-, en esa ocasión específica tomaron el vehículo equivocado, lo que provocó la ira de los delincuentes dueños de las drogas que presuntamente se transportaban en ese camión.

Guerreros Unidos o como sea que se llame ese grupo criminal, gozaban de la protección de autoridades locales y de soldados del Ejército mexicano. Y ésa es precisamente la clave para explicar por qué diversas autoridades, desde el más alto nivel, se fueron involucrando en la sucia estrategia para el encubrimiento de la masacre. La consigna fue que no trascendiera esa simbiosis entre autoridades y crimen organizado.

Quizá todo hubiera quedado en el olvido, como muchas otras atrocidades en el México dominado por el narco empiernado con autoridades civiles y militares, lo que conocemos como “crimen organizado“, de no haber mediado, en esta tragedia en particular, la protesta férrea, sistemática, indomable y podría decirse heroica de los padres de esos 43 muchachos, lo que mantiene viva la indignación nacional e internacional.

El asunto, como bien lo dijo Alejandro Encinas, se divide en dos conjuntos diferentes de delitos: Primero, el asesinato y desaparición de los jóvenes y, segundo, el intrincado proceso ordenado desde las más altas esferas del poder, civil y militar, para encubrirlo.

Cuando muchos ingenuos pensábamos que con López Obrador y Alejandro Encinas se iban a resolver enigmas totalmente artificiales, generados intencionalmente como una estrategia de simulación, planeada y ejecutada por el Estado mexicano (“crimen de Estado“), aparece en el escenario, como de costumbre, el fiscal florero para echar a perder todo el trabajo realizado por instancias gubernamentales decentes, que las hay dentro del obradorismo, aunque usted no lo crea y otras instancias no gubernamentales.

No se necesita ser un genio para saber, sin lugar a dudas, que:

1.- Los chicos fueron asesinados y desaparecidos y los militares, reacios a aportar información, participaron en el proceso.

2.-Luego de la masacre, los responsables directos -hayan o no estado enterados en un principio de los detalles del tenebroso crimen-, son todos los que colaboraron en su ocultamiento. Es decir, no solo el que perpetró la farsa de la “verdad histórica”, el señor Murillo, quien por cierto ya fue prácticamente exonerado por un juez, sino quien le dio la orden, que no es otro que Enrique Peña Nieto, mejor conocido como “el licenciado Peña“, a quien el presidente actual le ofrenda consideración y respeto a sabiendas de sus fechorías, solo porque no le robó la elección, como sí hicieron, según el reiterativo discurso obradorista, Fox y Calderón.

3.- El caso no se aclarará en esta administración, porque no hay una auténtica voluntad política del Presidente López Obrador, debido a su evidente pacto de impunidad con Peña y a su obstinación en perpetuar la participación del Ejército en labores de Seguridad Pública, lo que implica proteger la imagen castrense contra viento y marea.

Si usted esperaba de este breve ensayito detalles relevantes de los muchos miles de fojas del caso; anécdotas de las fechorías de Tomás Cerón; o los justísimos reclamos del grupo internacional de Derechos Humanos que no se han cansado de exigir que el Ejército revele sus secretos y no dejan dormir tranquilo, hasta la fecha, a Alejandro Totugertz Manero, el principal cancerbero de la mentira histórica en todos los ámbitos delincuenciales del país; o dilucidar por qué trajo de regreso Marcelo al general Cienfuegos antes de que empezara a abrir la boca en los Estados Unidos; o el motivo real de la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo, solo me limitaré a decirle, con el corazón en la mano, que todo eso forma parte de la trama macabra de encubrimiento y que lo único realmente importante es que el Presidente mexicano está más interesado en mantener su pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto y en su obsesión de militarizar el país, que en resolver un caso que, entre muchos otros, debería tener en la cárcel a Enrique Peña Nieto y a sus secuaces, civiles y militares. ¿No cree usted?