En el ocaso de su administración, don Andrés ve desmoronarse su narrativa tanto en México, como en el extranjero

Proceso, uno de los pocos medios tradicionales que ha resistido el embate de la 4té, publicó de nueva cuenta el reporte de 115 países que, en conjunto, enviaron a la administración del Presidente López Obrador 318 recomendaciones sobre Derechos Humanos, la mayoría centradas en la militarización de la seguridad pública, personas desaparecidas, prevención de homicidios y feminicidios, protección de migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos.

Mientras nuestro mandatario se esfuerza a diario para mantener a las audiencias que todavía lo siguen atrapadas en una narrativa fantasiosa, idílica en donde, por ejemplo, los jóvenes (como categoría genérica abstracta) “han sido rescatados con becas y el programa Construyendo el Futuro“, presumiendo que ésa es la fórmula para atacar “las causas de la violencia”, cada vez más mexicanos salen del letargo, de esa suerte de hipnosis colectiva o alienación masiva, al tiempo que muchos países que nos observan con lupa empiezan a tomar cartas en el asunto para paliar nuestra tragedia de genocidio y frenética militarización.

La realidad, como la naturaleza y la verdad, se abre paso. Cada vez queda más claro que el famoso programa de capacitación juvenil fue pervertido por muchas empresas para reclutar aviadores. Se dice, por ejemplo, que Epigmenio Ibarra, el de los 150 millones prestados por la banca oficial con el atractivo plus de solo pagar 30, tiene como 60 jóvenes empeñados en construir su futuro, no el de ellos, sino el del señor mejor conocido como don Epigmeo.

Y cada vez también se va esclareciendo más y más que la estrategia de abrazar a la delincuencia no solo es absurda y contraproducente, sino que revela de forma inequívoca un pacto nada secreto para dejarlos trabajar.

Ayer, de nueva cuenta -como decía-, la comunidad internacional mostró su gravísima preocupación por lo que sucede en nuestro país. México fue objeto de un escrutinio detallado por parte de 115 naciones, en una sesión del Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los cuales presentaron un total de 318 recomendaciones que abordan una amplia gama de preocupaciones, desde la militarización de la seguridad pública hasta la protección de migrantes, periodistas y defensores de Derechos Humanos.

La mayoría de las recomendaciones giran en torno a temas críticos como la desaparición forzada, la prevención de homicidios y feminicidios, así como la salvaguarda de los derechos de los migrantes. Destacan exhortos para llevar a cabo investigaciones prontas y efectivas sobre violaciones a los derechos humanos, especialmente en el contexto de la violencia criminal y la militarización de la seguridad pública.

Países como Nueva Zelanda y el Reino Unido instaron a México a reducir gradualmente el empleo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, incluida la Guardia Nacional, mientras que otros, como Malawi, solicitaron una mayor rendición de cuentas de las instituciones castrenses.

La cuestión de las desapariciones y desapariciones forzadas ha sido motivo de preocupación expresada por varios países, incluyendo Francia, Alemania, Croacia, y Uruguay, entre otros. En el ámbito migratorio, naciones como Bangladesh, Brasil e India han llamado a México a respetar los derechos de las personas en migración y en búsqueda de refugio.

Asimismo, se plantearon inquietudes relacionadas con la lucha contra el racismo, especialmente dirigidas a las comunidades afromexicanas e indígenas, y se han pedido medidas para combatir los estereotipos de género.

Diversos países ofrecieron recomendaciones específicas para mejorar las instituciones mexicanas, fortalecer mecanismos de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, y aumentar los recursos destinados a las fiscalías para combatir la impunidad. Aunque en el caso concreto de la Fiscalía General de la República, su gravísimo problema no es precisamente el de la falta de recursos.

El gobierno de Venezuela, ¡sí, de Venezuela!, exhortó a México a evitar las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y el uso ilegítimo de la fuerza por parte de agentes del Estado, mientras que Rusia llamó a investigar casos de uso excesivo de la fuerza y mejorar las condiciones carcelarias.

Además, se hizo hincapié en la importancia de que México firme y ratifique tratados internacionales en materia de derechos humanos, abordando cuestiones como la protección de la infancia y eliminar la discriminación educativa.

Empero, como si no se hubiera enterado del tremendo escándalo internacional en el que se ve envuelto su gobierno, López Obrador todavía se dio el lujo de increpar a Joe Biden aduciendo “falta de control sobre el periodismo del más alto nivel en el vecino del Norte” que lo acusa de haber recibido financiamiento del narco en el 2006. El mandatario dijo del dos veces premiado con el Pulitzer, Tim Golden: “Son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas”.

También la gran escritora e investigadora mexicana Anabel Hernández, se dio por aludida con ese insulto del Presidente mexicano y comento al aire con Azucena Uresti, otra víctima de don Andrés, que cuando ella enfiló sus críticas contra Genaro García Luna, el de Macuspana estaba feliz hablando maravillas de ella.

López Obrador responsabilizó expresa y contundentemente al Departamento de Estado de Estados Unidos de estar detrás de las versiones periodísticas que señalan que en su primera campaña presidencial (2006) habría recibido un millonario financiamiento ilícito por parte de capos del narcotráfico y concluyó: “Yo no acepto eso, sí, yo lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se manifieste, porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política y si no tienen pruebas, tienen que disculparse”.