Operación Enjambre le estalla en las manos a Horacio Duarte. AL GRANO. Por Jesús López S.
Detienen a Lino Rodríguez por presuntos delitos de ¡secuestro y delincuencia organizada!
La Operación Enjambre alcanza el corazón político del gobierno de Delfina Gómez.
No se trata de un policía municipal, de un regidor de pueblo ni de un funcionario de segundo nivel. La Operación Enjambre acaba de tocar una de las fibras más sensibles del gobierno mexiquense: un coordinador regional de la Secretaría General de Gobierno, es decir, un representante político directo del secretario Horacio Duarte en la región más explosiva del Estado de México.
La detención de Lino Rodríguez González por una orden de aprehensión federal que le atribuye, de manera preliminar, presuntos delitos de secuestro y delincuencia organizada constituye, hasta ahora, el golpe político más delicado para la estructura territorial de la administración de la gobernadora Delfina Gómez.
Lino Rodríguez González, acusado de secuestro y delincuencia organizada
Y no por el simple hecho de que un funcionario haya sido detenido, sino por el cargo que desempeñaba.
Rodríguez González era el Coordinador General de Gobierno de la Región Sur-Sureste, una de las zonas donde las propias autoridades federales y estatales han reconocido desde hace años la fuerte presencia de organizaciones criminales como La Familia Michoacana y, en diversos municipios, también del Cártel Jalisco Nueva Generación. No era un observador externo del conflicto: era precisamente el enlace político del gobierno estatal en el territorio donde se concentra buena parte de la disputa criminal.
Si las imputaciones se sostienen ante los tribunales, el problema político adquiere dimensiones mayúsculas. La acusación no es por una falta administrativa ni por un acto aislado de corrupción o abuso de autoridad. Los delitos de secuestro y delincuencia organizada representan algunas de las conductas más graves contempladas por la legislación penal mexicana y, por su propia naturaleza, difícilmente pueden interpretarse como hechos improvisados o circunstanciales.
Lino Rodríguez González
Más delicado aún resulta el tiempo.
El funcionario formó parte del actual gobierno estatal durante prácticamente toda la administración. Si las investigaciones federales concluyeran que las actividades delictivas atribuidas ocurrieron mientras ejercía el cargo, inevitablemente surgirán preguntas incómodas sobre los mecanismos de control político y de supervisión dentro de la Secretaría General de Gobierno.
La cadena de mando es imposible de ignorar.
Rodríguez González dependía del subsecretario Alejandro Viedma, quien a su vez responde directamente al secretario general de Gobierno, Horacio Duarte. Es decir, la captura golpea exactamente el corazón de la operación política del gobierno estatal.
Alejandro Viedma, subsecretario de Gobierno del Edomex
Y hay un elemento adicional que vuelve particularmente incómodo el episodio.
No fue una investigación impulsada desde Toluca. La orden de aprehensión es de carácter federal y fue ejecutada mediante un operativo conjunto en el que participaron la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Marina y autoridades federales de seguridad, dentro de la Operación Enjambre, estrategia dirigida precisamente a identificar servidores públicos presuntamente vinculados con estructuras criminales.
En otras palabras, fue la Federación la que terminó colocando bajo sospecha a uno de los operadores territoriales de mayor nivel del gobierno mexiquense.
La respuesta de Horacio Duarte fue la políticamente obligada: reiterar el compromiso con la legalidad, respaldar las investigaciones y ofrecer plena colaboración con las autoridades.
Sin embargo, el discurso institucional difícilmente disipará la pregunta que inevitablemente comenzará a instalarse en el debate público: ¿cómo pudo desempeñar durante casi tres años una de las posiciones políticas más estratégicas del gobierno estatal una persona que hoy enfrenta acusaciones tan graves formuladas por instancias federales?
La Operación Enjambre dejó de perseguir únicamente alcaldes y policías municipales. Ahora ha llegado hasta la oficina encargada precisamente de mantener la gobernabilidad política en la región más conflictiva del Estado de México.
Y ese golpe lleva destinatario: la estructura política de Horacio Duarte y, por extensión, el gobierno de Delfina Gómez.
Independientemente de cuál sea el desenlace judicial —en el que el detenido conserva su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme—, el costo político ya está sobre una mesa precozmente servida para el crucial proceso electoral del año próximo, antesala de la sucesión gubernamental del 29, evento en el que cierta prensa apunta a Horacio Duarte de manera por demás adelantada.
