La sofisticada red de “aviadores” mexiquenses. AL GRANO. Por Jesús López Segura
Una maquinaria burocrática que habría saqueado durante años las finanzas estatales
La promesa de limpiar la corrupción en el Estado de México vuelve a estrellarse contra la realidad. La nota de Veneranda Mendoza, publicada en Proceso, no describe simplemente la caída de una banda de “aviadores“; exhibe el funcionamiento de una maquinaria burocrática que habría saqueado durante años las finanzas estatales desde el corazón mismo del gobierno.
La Fiscalía mexiquense llevó ante los tribunales a 33 funcionarios y exfuncionarios acusados de operar una red que obtenía alrededor de cuatro millones de pesos por quincena mediante plazas fantasma asignadas a supuestos docentes que jamás impartieron una clase.
El mecanismo revela un grado de sofisticación difícil de atribuir a unos cuantos empleados deshonestos. Altas de personal realizadas de madrugada, intercambio ilegal de claves de acceso a los sistemas gubernamentales, escuelas inactivas utilizadas como fachada, capturistas especializados, reclutadores, operadores financieros y mandos superiores que autorizaban cada movimiento conformaban un auténtico organigrama del saqueo.
No eran “aviadores“. Eran una empresa criminal instalada dentro del gobierno.
El expediente sostiene que los reclutadores conseguían familiares y amigos para prestar su identidad. A cambio de aparecer en la nómina, recibían apenas unos cuantos miles de pesos, mientras los verdaderos operadores se repartían salarios que en algunos casos alcanzaban 200 mil pesos por plaza. La corrupción estaba tan normalizada que incluso existían reglas para determinar cuánto dinero podía retirarse de los bancos sin despertar sospechas.
Lo más delicado es el contexto político.
Entre los procesados aparecen exsubsecretarios de Administración, directores generales de Personal, delegados administrativos y funcionarios responsables precisamente de controlar la nómina pública. Algo que muy difícilmente podría escapar al escrutinio de las más altas autoridades del estado.
Más aún, la investigación revela que algunos integrantes de la red participaron desde 2017 en el desarrollo de la plataforma META 4, utilizada para administrar la nómina estatal, conocimiento técnico que posteriormente habría sido aprovechado para manipular altas, pagos y registros sin levantar sospechas.
El dato más escandaloso demuestra que las señales de alerta existían desde hace años.
En diciembre de 2021, uno de los ahora detenidos fue sorprendido retirando dinero con 164 tarjetas bancarias correspondientes a supuestos servidores públicos. En lugar de encender todas las alarmas, sus superiores ofrecieron explicaciones que hoy resultan difíciles de sostener: aseguraron que simplemente realizaba “gestiones bancarias”. La red siguió operando.
Las investigaciones identifican 459 altas irregulares, decenas de funcionarios involucrados y una estructura que sobrevivía a los cambios administrativos: cuando un integrante dejaba el cargo, otro miembro del mismo grupo ocupaba su lugar para garantizar la continuidad del negocio.
El golpe judicial trasciende el ámbito penal.
Representa un severo cuestionamiento a la capacidad —o a la voluntad— del grupo político que gobierna el Estado de México para detectar una operación que, según la propia Fiscalía, movía millones de pesos de recursos públicos de manera sistemática y permanente desde oficinas clave de la administración estatal.
Después del escándalo por los presuntos vínculos de funcionarios municipales y de un alto funcionario de la Secretaría General de Gobierno con organizaciones criminales, y ahora con el desmantelamiento de esta red de saqueo institucional, la narrativa del “gobierno honesto” enfrenta un problema cada vez más difícil de sostener. Porque cuando una estructura criminal logra incrustarse en las áreas que administran la nómina pública, la pregunta deja de ser quién robó… para convertirse en quién permitió que el sistema funcionara durante tanto tiempo sin que nadie, supuestamente, se diera cuenta.
