Un maxiproceso contra la narcopolítica, la única vía. AL GRANO. Por Jesús López Segura
Responsabilidad histórica de Sheinbaum que la convertiría en heroína nacional
Cada vez resulta más difícil para la presidenta Claudia Sheinbaum convencer al mundo de que las acusaciones contra políticos de Morena son simples ataques a la soberanía mexicana. El problema ya no es Donald Trump, ni el Departamento del Tesoro, ni la DEA. Ahora es un organismo internacional independiente el que llega prácticamente a la misma conclusión.
El más reciente informe de Crisis Group, titulado “La guerra de los herederos en Sinaloa: combatir el crimen en México bajo presión de EU“, sostiene que la estrategia militar emprendida por el gobierno federal está condenada a quedarse a medias mientras no vaya acompañada de una ofensiva judicial contra los políticos que protegen, facilitan o cohabitan con las organizaciones criminales. Un maxiproceso pues (Eduardo Buscaglia dixit).
El diagnóstico resulta especialmente incómodo para Palacio Nacional porque señala que Sheinbaum ha desperdiciado una oportunidad histórica al descalificar como “intromisión inadmisible” las acusaciones formuladas por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios presuntamente vinculados con el crimen organizado.
Y más ahora que tanto la presidenta como la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, han acusado a Estados Unidos de ser ellos los que pactan con criminales mexicanos, a propósito del secuestro del Mayo Zambada.
Mientras el gobierno mexicano rechaza sistemáticamente los señalamientos provenientes de Washington, la percepción internacional sigue consolidándose en sentido contrario. Cada negativa, cada descalificación y cada apelación a la soberanía alimentan la sospecha de que el verdadero objetivo consiste en blindar políticamente a quienes hoy se encuentran bajo investigación.
La contradicción es evidente. Tanto a AMLO como a Sheinbaum parece molestarles más la captura del Mayo, sin su consentimiento, que la ola de fechorías sangrientas que este criminal perpetró por décadas en México, impunemente.
Si el gobierno mexicano mantiene vigentes tratados internacionales de cooperación y extradición, pero al mismo tiempo convierte cualquier investigación extranjera en un agravio diplomático, el mensaje hacia el exterior termina siendo devastador: la prioridad no parece ser esclarecer los hechos o combatir realmente a la delincuencia, sino impedir que ciertos personajes comparezcan ante tribunales donde podrían declarar bajo juramento.
Crisis Group incluso advierte que algunos funcionarios ya procesados en Estados Unidos podrían colaborar con las autoridades estadounidenses e involucrar a otros integrantes de las mismas redes políticas.
Ese escenario explica por qué la presión internacional no disminuye.
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad en Sinaloa, con Rubén Rocha Moya como gobernador
Cada vez que el gobierno mexicano responde con discursos nacionalistas en lugar de investigaciones judiciales creíbles, fortalece una narrativa que ya circula en Washington, en organismos especializados y en buena parte de la prensa internacional: que Morena enfrenta un problema estructural de infiltración criminal que su propia dirigencia se resiste a desmontar.
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La soberanía deja entonces de ser una bandera legítima para convertirse, ante los ojos de muchos observadores, en una cómoda coartada.
Porque mientras las acusaciones sigan acumulándose y las extradiciones de personajes relevantes continúen encontrando obstáculos políticos o diplomáticos, difícilmente habrá argumento capaz de desmontar la percepción —cada vez más extendida tanto dentro como fuera de México— de que el gobierno protege a integrantes de su propia clase política bajo sospecha.
Y cuando la confianza internacional comienza a erosionarse, ya no basta con repetir que todo forma parte de una campaña extranjera. Hace falta algo mucho más convincente: investigaciones independientes, procesos judiciales transparentes y decisiones que demuestren que nadie, absolutamente nadie, goza de inmunidad política frente a complicidades criminales.
Publicitar los logros económicos de su administración, como hizo hoy la mandataria en su conferencia matutina, es muy positivo, pero no suficiente para detener el avance de la ultraderecha. Depurar el movimiento de transformación es la única alternativa para detener el horror de gobiernos fascistas que, al amparo del trumpismo, se enseñorean en el continente.
Un maxiproceso que limpie a la clase política morenista de sus malos elementos daría a la primera mujer presidenta de México una dimensión de heroína nacional y provocaría un entusiasmo popular más grande que el vivido antes de la eliminación de México en el Mundial de futbol. Seguir eludiendo esa responsabilidad histórica llevará inexorablemente a nuestro país a la decepción y al desastre.
