Amílcar Olán encargó a su hermano Luis Alberto establecer vínculos con una célula del CJNG
Nuevos audios revelan que el amigo de Andy se involucró en el robo de combustible en Veracruz
Por Jesús López Segura
La nueva revelación difundida por Proceso vuelve a colocar a Amílcar Olán, amigo cercano de Andy y Gonzalo López Beltrán, en el centro de un expediente político cada vez más difícil de despachar con el cómodo argumento de la “guerra sucia”.
Según la información publicada a partir de una investigación de Latinus, audios de llamadas telefónicas de 2023 mostrarían que Olán habría encargado a su hermano Luis Alberto establecer vínculos con una célula del CJNG dedicada presuntamente a la extorsión y al robo de combustible en Veracruz. En una de las conversaciones, incluso presume que su hermano “trae el mango de todo” y que quienes integran esa estructura son sus “brothers” y “compas”.
Por supuesto, se trata de audios y señalamientos que deberán ser autenticados e investigados por las autoridades. Pero el problema político para el obradorismo no está solamente en determinar si cada fragmento constituye una prueba judicial. Está en la persistencia de una misma trama: un empresario estrechamente relacionado con los hijos de López Obrador aparece nuevamente mencionado en investigaciones periodísticas que lo acercan a personajes vinculados con organizaciones criminales.
Y aquí la coincidencia resulta particularmente venenosa.
El hombre que ya había sido señalado por sus negocios con los hijos del expresidente —incluidos contratos relacionados con obras emblemáticas del sexenio anterior y operaciones de medicamentos— vuelve ahora al escenario mediante conversaciones que, de confirmarse, apuntarían hacia relaciones con una célula del CJNG vinculada al huachicol y la extorsión.
La pregunta inevitable es: ¿cuántas casualidades necesita el obradorismo para admitir que existe, cuando menos, un problema político que merece una investigación seria?
Más aún cuando el nombre de Olán aparece acompañado por otro ingrediente explosivo: “El Tanque”, Iván Casarín Molina, señalado en documentos filtrados como integrante de alto nivel del CJNG y acusado por el Departamento del Tesoro estadounidense de encabezar una red de huachicol en Veracruz. La información también lo relaciona con La Barredora de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López.
De pronto, aquella vieja fotografía de los amigos de Andy haciendo negocios deja de parecer una postal inocente de jóvenes emprendedores y empieza a adquirir una tonalidad mucho más sombría.
Y mientras tanto, la reacción oficial resulta reveladora.
Después de que Estados Unidos cancelara la visa de Andy López Beltrán, Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum salieron en su defensa y denunciaron una supuesta injerencia estadounidense. La FGR, por su parte, se apresuró a comunicar que no existen elementos con fuerza legal suficiente para iniciar una investigación contra Andy por huachicol fiscal.
Perfecto: si no hay pruebas suficientes contra Andy, que se investigue y se demuestre.
Pero una cosa no se sigue de la otra: que la ausencia de elementos jurídicos suficientes contra Andy convierta automáticamente en falsas o irrelevantes las investigaciones periodísticas sobre su círculo de amistades y negocios.
Porque aquí aparece la gran paradoja: mientras el gobierno mexicano exige pruebas contundentes a Estados Unidos para aceptar cualquier señalamiento relacionado con personajes del obradorismo, cada nueva revelación obliga a explicar por qué tantos personajes próximos a la familia del expresidente terminan orbitando alrededor de negocios, operadores y estructuras que aparecen vinculados —presunta o documentalmente— con el crimen organizado.
Meme tomado de las redes sociales
La política puede intentar desacreditar al mensajero.
Los audios, en cambio, tienen la desagradable costumbre de permanecer.
Y para Andy, que acaba de convertir la cancelación de su visa estadounidense en un agravio contra México y hasta en una supuesta “canallada” de tintes “hitlerianos”, la publicación de estas grabaciones representa un problema bastante más serio que una visa: cada nueva revelación obliga a explicar no sólo dónde estuvo él, sino quiénes fueron sus amigos, qué negocios hicieron y, sobre todo, con quiénes hicieron negocios.
Porque si el obradorismo quiere convertir el caso Andy en una defensa de la soberanía nacional, tendrá primero que explicar algo mucho más elemental:
¿Por qué alrededor de la llamada “corte de Palenque” aparecen una y otra vez los mismos ingredientes: negocios millonarios, tráfico de influencias, huachicol y ahora presuntos vínculos con el CJNG?
La respuesta no puede ser, otra vez, que todo es una conspiración.
Ya son demasiadas las cloacas para seguir culpando únicamente al olor.
