La Familia Michoacana cobra impuestos a habitantes de 26 municipios mexiquenses
Bajo la mirada complaciente del Ejército, Marina y Guardia Nacional, controla comercio formal y sistemas de producción
“¿Quién quiere construir si le dicen que el material de construcción tiene un sobreprecio de 12 por ciento? ¡Estos señores están haciendo actividades de intermediación comercial de manera ilegal, con ganancias estratosféricas!”, reconoció el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, en una entrevista difundida por la propia dependencia a medios locales”, apunta el extracto digital de un reportaje de la revista Proceso, donde se detallan pormenores del dominio que tiene el cártel de la Familia Michoacana ya no solo sobre el negocio del narcotráfico en municipios colindantes del Estado de México y Guerrero, sino de plano sobre toda la economía formal, el comercio y los sistemas de producción de la zona.
La economía de algunos municipios del Estado de México, principalmente los que comparten frontera con Guerrero, está gravemente lastimada porque, además de las condiciones sociales de la región, sus habitantes están sujetos a pagar los “impuestos” del cártel de la Familia Michoacana.
De acuerdo con testimonios recabados por Proceso, el sistema impuesto por el grupo criminal obliga a los comerciantes a abastecerse con los productos del cártel y a vender su droga. En esta región mexiquense el control sobre sus habitantes llega al grado de que para organizar una boda u otra celebración “tienes que pedirle permiso al señor y pagar una cuota”. Es un cáncer que crece porque ninguna autoridad lo ha evitado.
Bajo la mirada complaciente del Ejército, Marina y Guardia Nacional, La Familia Michoacana, al mando de los hermanos Hurtado Olascoaga, con José Alfredo, La Fresa, al frente, se fue apoderando del Estado de México. El cártel eliminó la libre competencia, fija precios, controla el mercado y establece cuotas. Además, obliga a productores y comerciantes a delinquir; se muere el que se opone o denuncia… pese a ello hay quien se atreve.
En el campo cobran a los productores un peso el metro de riego e imponen sobreprecios al kilo de tortilla, pollo, huevo, pan, herramientas y a los materiales y a fruticultores.
Ente los sectores industriales y comerciales afectados, consultados por Proceso, se calcula que 35 municipios se encuentran bajo el yugo de La Familia Michoacana, nueve en Guerrero: Arcelia, Tlapehuala, Tlalchapa, San Miguel Totolapan, Pilcaya, Taxco, Tetipac, Petatlán y Zihuatanejo, y 26 en el Estado de México, con una extensión territorial cercana a los 25 mil kilómetros cuadrados, entre los que se encuentran Luvianos, Santo Tomás, Zacazonapan, Otzoloapan, Tejupilco, Amatepec, Tlatlaya, Temascaltepec, Sultepec, Texcaltitlán, San Simón, Coatepec de Harinas, Ixtapan de la Sal, Ocuilan, Zacualpan, Tonatico, Tenancingo, Villa Guerrero, Malinalco, Zumpahuacán y Almoloya de Alquisiras.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2400 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.
