Prácticamente toda Latinoamérica se solidariza con México por la invasión policial de su embajada en Quito

México avanza con paso firme hacia la búsqueda de justicia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, al presentar una demanda contra el Estado ecuatoriano. Esta acción responde al asalto cometido contra la embajada mexicana en Quito, un acto de barbarie que vulneró el derecho internacional y que ha sido objeto de repudio por parte del gobierno mexicano y la comunidad internacional.

La canciller de México, Alicia Bárcena, expresó su confianza en que la CIJ inste al gobierno ecuatoriano a reparar el daño causado por esta violación del derecho internacional. En una rueda de prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Bárcena recibió a la embajadora Raquel Serur y al personal diplomático acreditado en Ecuador, quienes llegaron en un vuelo comercial. En este contexto, Bárcena destacó que México buscará el respaldo de la comunidad internacional para condenar este acto y hacer valer la justicia.

En medio de esta situación, México ha decidido suspender las conversaciones sobre apoyo a migrantes y comercio internacional con Ecuador. La canciller señaló que el rompimiento de relaciones diplomáticas conlleva una revisión de los programas de apoyo a migrantes ecuatorianos repatriados y la congelación de las negociaciones comerciales. Bárcena subrayó la gravedad de la situación y la dificultad de mantener dichos programas en un contexto de ruptura diplomática.

La misión mexicana en Ecuador ha regresado a salvo junto con sus familias y mascotas, tras el asalto a la embajada. Bárcena elogió la labor de la misión y destacó el respaldo unánime de las fuerzas políticas mexicanas en defensa de la patria, independientemente de las provocaciones que el presidente mexicano estuvo protagonizando en una actitud de claro intervencionismo en los asuntos internos de Ecuador.

Respecto al asilo político otorgado al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, Bárcena explicó que fue concedido después de un análisis minucioso y en cumplimiento de las convenciones internacionales pertinentes. Rechazó las críticas que sugieren un incumplimiento de estas convenciones, reiterando que la concesión de asilo político es un derecho soberano de México, no obstante que la legislación ecuatoriana invalida ese procedimiento cuando el beneficiario está acusado de delitos comunes. En todo caso, dijo Bárcena en la Mañanera desde Mazatlán, las autoridades ecuatorianas debieron hacer una consulta pacífica para dirimir esa controversia “y no lo hicieron”.