El despilfarro disfrazado de “necesidad electoral”: 10 millones por cada juez o magistrado electos

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) parece haber encontrado una mina de oro en la democracia, o al menos en su simulacro. La solicitud de casi mil millones de pesos para organizar una elección de jueces y magistrados que promete costar más de 10 millones de pesos por cabeza, no solo insulta al sentido común, sino que evidencia una maquinaria burocrática más preocupada por justificar sus excesos que por fortalecer la participación ciudadana.

Amalia Pulido, presidenta del IEEM, defiende este gasto como un ejercicio de “racionalidad, eficiencia y disciplina financiera”. ¿Cómo es que un presupuesto inflado por contratación masiva de personal eventual, alquiler de inmuebles y una parafernalia logística desbordada puede ser considerado racional? Es claro que la institución está más preocupada por llenar oficinas temporales y pagar rentas innecesarias que por garantizar una elección transparente y accesible para los ciudadanos.

Instituto Electoral del Estado de México

El argumento de que el presupuesto es menor al de elecciones pasadas o al rango solicitado por el INE resulta insípido frente al hecho de que se están destinando recursos desmesurados a una votación irrelevante para la mayoría de los mexiquenses. No se trata de elegir a los representantes populares o de tomar decisiones que afecten el rumbo del estado; se trata de una elección de jueces cuyo impacto democrático es mínimo, si no inexistente, y cuyo proceso está diseñado para operar en la opacidad.

Pulido Gómez menciona la necesidad de imprimir 53 millones de boletas, alquilar inmuebles y gastar millones en papelería y uniformes, con el añadido de afirmar que se trata del “mínimo indispensable”. Todo esto para una elección cuyos resultados no modificarán ni un ápice las condiciones de justicia en la entidad, mientras se ignora la verdadera crisis de la democracia: la desinformación, la apatía ciudadana y el desprestigio institucional.

Elección de jueces y magistrados costará mil millones de pesos

En un estado con altos índices de pobreza y desigualdad, gastar esta cifra obscena en una elección que bien podría resolverse de manera más económica —e incluso digital— es una bofetada a la ciudadanía. El IEEM, lejos de ser un garante de la democracia, se posiciona como un parásito que se alimenta de un sistema electoral diseñado para el gasto, no para la representación.

El pretexto de “garantizar estándares de calidad” en un proceso que ya se percibe como cuestionable, solo profundiza la desconfianza hacia instituciones que parecen más interesadas en justificar sus fastuosos presupuestos que en cumplir con su mandato. La democracia no se fortalece con elecciones costosas y vacías de contenido, sino con una ciudadanía informada y empoderada. Pero claro, eso no deja millones en contratos ni en alquileres de lujo.