El lema de los extorsionadores: “No pongas una demanda, nosotros compramos la pinche ley”

Si usted vive en el Estado de México y su casa lleva tiempo deshabitada, le tengo malas noticias: podría estar siendo vigilada por alguna de las múltiples mafias que han convertido el despojo de propiedades en una industria redonda, lubricada por notarios, policías, jueces, directores de Catastro y hasta funcionarios del Registro Público de la Propiedad. Aquí, el crimen organizado aprendió a trabajar en nado sincronizado con autoridades corruptas y a punta de carpeta notarial falsa, pistola en mano o combo de abogados y golpeadores, lo mismo invade una bodega que una vivienda familiar.

Las cifras oficiales lo confirman: en 2015 se denunciaron 3,178 casos de despojo en el Edomex; en 2024 la cifra ya rebasaba los 4,900. Eso es lo que se denuncia: la cifra negra probablemente triplica el dato. Y en el centro del problema hay un nombre que se repite como mantra de terror: Los 300.

Este grupo de choque, con fachada de organización sindical, no sólo invade casas: las “regulariza”, consigue luz de la CFE, renta o vende las propiedades con documentación falsificada y, de paso, abre verdulerías. Todo frente a la vista de vecinos, quienes ya aprendieron que acercarse significa ser amenazados o, en el mejor de los casos, ignorados por las policías municipales.

La maquinaria está perfectamente aceitada. Como lo detalla Héctor de Mauleón, a los “300” se suman USON, Sindicato 22 de Octubre, GOPEZ, Sindicato Libertad y otros que suenan más a parodia de sindicato que a verdaderos representantes sociales. Todos ellos cuentan con redes de protección institucional que incluyen desde ministerios públicos hasta notarios, y que permiten que en cuestión de semanas un predio pase de estar vacío a ser transformado en “propiedad” de algún vivales, con recibos de luz incluidos.

Los casos se acumulan: desde la emblemática Doña Carlota disparando contra invasores en Chalco, hasta los desplantes de prepotencia de invasores en Ecatepec que abren verdulerías como quien marca territorio. Incluso, según denuncias, ha habido invasiones coordinadas con abogados, como ocurrió en Texcoco el fin de semana pasado, donde más de 50 sujetos tiraron muebles, ropa y hasta fotografías familiares a la calle para apropiarse de residencias.

¿El Estado de Derecho? Bien, gracias.

La respuesta del gobierno mexiquense fue lanzar algo llamado “Operación Restitución”, con participación del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y las fiscalías. El saldo hasta ahora: 344 propiedades aseguradas en 39 municipios. Un buen inicio, pero a años luz de la magnitud real del problema.

La cereza del pastel es que en estos años no hay una sola sentencia firme por despojo. Ni una. Como si invadir propiedades fuera una travesura adolescente. Apenas ahora, y porque el escándalo reventó, los diputados locales siguen en su interminable día de campo, pero dicen que algún día el despojo será delito grave. A ver si en el próximo receso legislativo se dignan a aprobarlo.

Mientras tanto, los mexiquenses que alguna vez soñaron con un patrimonio ven cómo su propiedad se transforma en botín de mafias sindicales. Eso sí: con recibo de luz, contrato notarial falso, respaldo de políticos y abogados incluido. Y como advierten los propios invasores: “No pongas una demanda, nosotros compramos la pinche ley”.

Así las cosas, en el Edomex: si tienes casa, cuídala; si no la habitas, despídete.

Con información de Expansión y “La maquinaria del despojo en el Edomex” (Héctor De Mauleón. El Universal)