Debemos contribuir a la transparencia y combate a la corrupción

La diputada María del Carmen de la Rosa propuso a nombre del grupo parlamentario de Morena, reformas a la Ley de Desarrollo Social para crear la función presupuestal denominada ‘Programas Sociales‘, que incluiría todos los conceptos de política social con un proyecto presupuestal por cada tipo de programa, como el ‘Salario Rosa‘, y un proyecto presupuestal por cada componente del programa.

La iniciativa promueve la transparencia en el uso y manejo de los programas sociales para evitar la corrupción, por lo que la propuesta dará a la política social la seguridad jurídica sobre su existencia y permanencia, lo que traerá certeza en los recursos asignados y su distribución por cada capítulo de gasto, unidad ejecutora y metas, así como el diseño de indicadores de resultado.

Se trata, en resumen, de que en los informes trimestrales como en la cuenta pública, se dé cuenta de la evolución, comportamiento y resultados obtenidos, para que los programas sociales no tengan uso político-electorales y realmente respondan a una política de Estado.

En presencia de José Guadalupe Luna Hernández, expresidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción estatal, la diputada también propuso modificar las disposiciones que regulan la emisión de las reglas de operación de los programas sociales, con la finalidad de que la distribución de recursos no sea resultado de decisiones unilaterales y discrecionales, sino mediante el diseño de una fórmula estadística que priorice la asignación a partir de indicadores existentes y que utilice como base las áreas geoestadísticas básicas definidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Al recordar que en 2022 se destinaron 192 mil 569 millones de pesos a los programas sociales y que para 2023 podrían asignarse 212 mil 955 millones de pesos al rubro de desarrollo social, la diputada añadió que también se propone reforzar las medidas que garanticen la publicidad de los padrones de personas beneficiadas por el programa y su permanencia, así como generar una serie de acciones que permitan identificar los procesos de licitación que se desarrollen para la aplicación del gasto en materia de desarrollo social.