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Editorial

Lo que el Presidente quiere decir. LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López Segura

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¿MILITARIZACIÓN O RECONVERSIÓN DEL EJÉRCITO?

El dilema con López Obrador no es tanto si se debe utilizar al Ejército ante los enormes retos de inseguridad que heredó -y mantiene vigentes- su Gobierno, sino más bien en cómo usarlo.

Calderón y Peña usaron al Ejército mexicano para apuntalar al cártel del Chapo como el único autorizado, oficiosamente, para generar los enormes recursos que el prohibicionismo en materia de drogas auspicia. Fue necesario meter en orden a grupos criminales alternos, perpetrando varias masacres, pero sobre todo manteniendo un status quo de violencia y violaciones de derechos humanos generalizados en todo el territorio nacional, con énfasis en algunas zonas conflictivas tanto por su ubicación estratégica para el trasiego hacia los Estados Unidos, como por la irrupción de cárteles locales que no aceptaban supeditarse al Cártel oficial.

López Obrador no usa al Ejército y la Marina con ese propósito perverso. Él no necesita a un Genaro García Luna en su equipo porque no cobra al Cártel oficial la cuota multimillonaria por sus servicios, a saber: desbrozarle el terreno para la realización de sus actividades criminales. No requiere don Andrés a un hermano incómodo como Raúl Salinas de Gortari para que le haga el trabajo sucio.

López Obrador saca provecho de las instituciones armadas porque sabe perfectamente, como lo expresó desde un principio, que su función primordial (la de defender la soberanía nacional ante una eventual e improbable invasión extranjera) la ha realizado históricamente el pueblo.

Soldados y marinos mexicanos se distinguen y diferencian históricamente de sus homólogos sudamericanos, por ejemplo, por su respeto irrestricto a la legalidad, de modo que en vez de desaparecerlos -como algún día lo pensó e incluso llegó a plantearlo- el Presidente les impone retos para la reconversión de las fuerzas armadas mexicanas en instituciones útiles para la sociedad.

Aparte de sus tradicionales misiones altruistas de rescate y auxilio a la población civil en tiempos de desastres naturales, que los soldados mexicanos han cumplido con disciplina y patriotismo, ponerlos a construir aeropuertos, puentes, carreteras y hasta refinerías, además de defender nuestra frontera sur de la invasión centroamericana -por la amenaza trumpiana de aplicarnos aranceles mortales como represalia si no lo hacíamos- abona a la reconversión de nuestras fuerzas armadas en una institución clave para el éxito de la cuarta transformación nacional.

El único punto en el que el Presidente López Obrador ha fallado y por lo que se ve seguirá fallando sin que, al parecer, ninguno de sus asesores cercanos se atreva a planteárselo con la enérgica claridad que se requiere, es en el tema de la controvertida participación de la tropa en la seguridad pública, por muy “extraordinaria, regularizada, fiscalizada, subordinada y complementaria” que sea.

La polémica sobre la necesidad de tener un mando civil sobre la Guardia Nacional -o como quiera que se les llame a las fuerzas de seguridad pública- se disipa advirtiendo algo tan elemental, tan verdad de perogrullo como el hecho de que el comandante supremo es todavía en México, un civil, es decir, el propio Presidente. Y no se trata de un tema menor, porque tiene absoluta razón don Andrés cuando proclama -y lo hace con mucha frecuencia- que él no es igual a sus antecesores. Que él jamás daría la orden para que los soldados perpetren una masacre. ¿Pero si la kafkiana “democracia mexicana pone en el poder en el futuro a un Bolsonaro, a un Gustavo de Hoyos?

Sin la orden de Díaz Ordaz -de la cual se sentía tan orgulloso el genocida- jamás se hubiera perpetrado la matanza del 2 de Octubre del 68 que, medio siglo después, no se olvida.

Si los prianperredistas no fueran tan obtusos, Eruviel Ávila Villegas, el hoy vergonzante senador de la República, no hubiera estado celebrando con bombo y platillo mediático la matanza de Tlatlaya durante unos 30 días hasta que los reportajes de Esquire y AP, que demostraban una veintena de ejecuciones sumarias, le taparon el hocico.

Sí. La mayoría le creemos a López Obrador cuando jura que él nunca va a ordenar una masacre. Lo demostró en Culiacán, incluso exponiéndose al ridículo. Pero esa voluntad inquebrantable del comandante supremo de no abusar de la potencia de nuestras fuerzas armadas para lastimar a la población, como lo hicieron inmisericordemente sus antecesores, especialmente Calderón, pero sobre todo Peña, no es suficiente.

La inercia de su formación induce a los soldados a violar derechos humanos, no porque sean malos por naturaleza o villanos, sino porque están preparados para la guerra, es decir, para matar o morir.

Además, y en esto nadie parece reparar a la hora de analizar un tema tan controvertido -y cuando digo nadie es ¡NADIE!, ni los Buscaglia, ni Anabel Hernández, ni Alejandro Hope, ni Julio Astillero… vamos ni siquiera Carlos Fazio, Noam Chomsky o Alfredo Jalife. Nadie excepto este modesto servidor -y mi hijo Ángel- aunque curiosamente lo acaba de decir Calderón -a veces el alcohol obliga a sus víctimas a decir la verdad- la política pacifista de López no es compatible con el uso de las fuerzas armadas, ni siquiera con el uso de la policía civil “para combatir el narcotráfico“.

La única vía razonablemente congruente con la pacificación y con el combate no a los narcos, sino a las causas sociales que propician su enquistamiento, es la le-ga-li-za-ción.

Es muy lamentable que los colaboradores de AMLO -que parecía tenían muy claro este asunto, como doña Olga Sánchez Florero– hayan claudicado ante la cerrazón del Presidente en un tema tan crucial de su política que sin ese elemento esencial de la legalización queda coja y manca.

Calderón sugirió en twitter que, si López Obrador quiere imponer su política de “abrazos y no balazos”, tiene que legalizar las drogas. Lógica elemental de un tipo indudablemente inteligente y abrumado por los humos del ayer.

Pero Borolas olvida mencionar -como aseguraba frecuentemente cuando tenía el mando del país- que “los priistas pactaban con el narco”. Que se hacían de la vista gorda -como en el caso las zonas de tolerancia para el ejercicio “ilegal” de la prostitución- y daban de vez en cuando golpes espectaculares contra los cárteles rivales de sus socios. Que esa fue la forma en que Carlos Salinas amasó la inmensa fortuna que le permitió, a través de prestanombres, hacerse de jugosas empresas paraestatales que lo convirtieron en uno de los hombres más ricos del mundo. Negocio por debajo del agua que al parecer Luis Donaldo Colosio no quiso continuar.

Calderón olvidó mencionar en su twitter que a sabiendas de que los priistas pactaban con el narco y a pesar de sus denuncias públicas al respecto, él optó por la misma vía a través de García Luna, siguiendo el consejo envenenado de Vicente Fox en el sentido de “no meterse con ellos”.

Calderón olvida mencionar, finalmente, que el garrotazo al avispero consistió precisamente en llevar el prohibicionismo al extremo de sus últimas consecuencias, con el saldo trágico para México de unos 300 mil muertos… y contando.

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