Sacan de la congeladora la Ley de Protección a Periodistas. LA VERSIÓN NO OFICIAL. Por Jesús López
El Estado de México es el peor evaluado -con una calificación de cero- en materia de seguridad y justicia a periodistas
“La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y el Comité de Comunicación Social del Congreso estatal consideraron que el análisis de las iniciativas relacionadas con la protección del trabajo periodístico, de las y los periodistas y defensores de derechos humanos fue suficiente y amplio, por lo que anunciaron que alistan el dictamen para proceder a su aprobación en los próximos días”, reza el boletín oficial del Congreso.
Quizá lo que quisieron decir es que el tiempo en que esta iniciativa estuvo en la congeladora “fue suficiente y amplio”, pues la iniciativa fue presentada en abril de 2019 por la diputada Azucena Cisneros, por cierto, destacada miembro del grupo apoderado de la Junta de Coordinación Política, hecho que probablemente evitó que la iniciativa fuera desechada por completo.
“Durante la deliberación, se expuso que del año 2000 a la fecha se registraron 135 asesinatos de personas dedicadas al periodismo, de las cuales 12 eran de la entidad, y que, de acuerdo con el Índice estatal de Libertad de Expresión en México 2020, el Estado de México es el peor evaluado con una calificación de cero en materia de seguridad y justicia a periodistas“, según expone el mismo boletín oficial.
Durante la reunión se acordó que el dictamen final incluirá las tres iniciativas estudiadas: la de la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico del Estado de México, la de la Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico del Estado de México, que además incluye reformas a la normatividad de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) y al Código Penal, y la de la Ley para el Reconocimiento y la Protección de los Periodistas del Estado de México, presentadas por separado por tres diferentes grupos parlamentarios.
Se expuso también que el dictamen incluye las aportaciones de colectivos de periodistas de todas las regiones mexiquenses, observaciones de la Organización de las Naciones Unidas y de la Secretaría de Gobernación, así como las opiniones y aportaciones de instituciones como la FGJEM y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, por lo que se ha logrado el diseño de una ley integral que incluye aspectos como la cláusula de conciencia y que protegerá la integridad física de los periodistas y defensores de derechos humanos, y que obligará a los gobiernos a velar por su seguridad.
Se perfila, así, una ley que no tiene nada que ver con el ejercicio real del periodismo chayotero en el Estado de México, donde las Coordinaciones de Comunicación Social del Gobierno de Alfredo del Mazo y del propio Congreso, discriminan a los medios críticos y solo arropan con convenios de publicidad y con protección contra los criminales (dentro y fuera del gobierno) a los medios que están dispuestos a doblegar su línea editorial al imperativo autoritario de Del Mazo y de Maurilio Hernández.
Ratifico ahora lo que le dije a Azucena Cisneros (hace casi justamente dos años) cuando me invitó a participar en un promisorio ejercicio de parlamento abierto finalmente castrado, al que trajo nada menos que a Francesco Forgione, el gran héroe italiano de la lucha antimafia:
Alojar una suerte de comisión de protección a periodistas en la Secretaría General de Gobierno del Edomex equivale a poner a Drácula al frente de la custodia de los bancos de sangre de la entidad.
