Jubilados exigen al gobernador Del Mazo el pago de sus pensiones por parte del ISSEMyM
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¿Dónde están los más de 34 mil millones de presupuesto que autorizó el Congreso para el 2023?
En medio de la falta de respuesta por parte del gobierno estatal, los jubilados continúan sus manifestaciones para exigir el pago de sus pensiones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM). Esta vez, los inconformes bloquearon la Avenida Lerdo de Tejada frente a Palacio de Gobierno como medida de protesta.
Durante la manifestación, los jubilados corearon consignas contra el gobernador Alfredo del Mazo, denunciando que les ha sido arrebatado su derecho a la pensión y acusándolo de ser un “ladrón”: “Alfredo del Mazo ladrón, te robaste mi pensión” y consignas similares, clamando por el pago inmediato que les corresponde por ley, destacando que han esperado más de dos años sin recibir respuesta.
Los inconformes representan a ex trabajadores del sector público que dedicaron 30 años de su vida al servicio, incluyendo maestros, personal de limpieza y policías municipales, entre otros. La situación es apremiante y requiere una atención inmediata.
Aunque presentaron al ISSEMyM un documento detallando los nombres de los jubilados que no han recibido su pensión, junto con los papeles que avalan el tiempo que llevan esperando el pago, no han obtenido una respuesta favorable. Se quejaron de que solo reciben evasivas y promesas incumplidas, alegando que el instituto carece de fondos suficientes, a pesar de que el Congreso local autorizó más de 34 mil millones de presupuesto al ISSEMyM para el año 2023, por lo que pidieron que se obligue al instituto a dar cuentas para saber a dónde está el dinero.
Los jubilados lamentan que después de haber concluido su periodo laboral, ahora deben luchar para obtener sus pensiones, algunas de las cuales se ven reducidas injustamente, y luego esperar años antes de recibir el pago o en muchos casos, no recibirlo en absoluto.
Para ellos, esta situación representa una violación a sus derechos y a la legalidad, lo que los obliga a gastar recursos en abogados para intentar obtener lo que por ley les corresponde. Es una lucha injusta que persistirá hasta que se encuentre una solución definitiva a esta problemática.