La ley actual prevé sanciones a quienes insulten al pueblo de México desde el espacio radioeléctrico

Por Jesús López Segura

La iniciativa de ley enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, que prevé revocar concesiones de radio y televisión por “razones de seguridad nacional” o “cuando lo exija el interés público”, ha sido presentada como una herramienta para impedir la difusión de propaganda extranjera contraria al interés nacional, particularmente en reacción a los recientes spots con mensajes antinmigrantes promovidos por funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, expertos advierten que gran parte de las disposiciones contenidas en esta reforma ya están contempladas en la legislación vigente.

En particular, el artículo 210 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión prohíbe desde hace años la transmisión de propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros, salvo aquella con fines culturales o turísticos. También existen ya mecanismos legales para sancionar o incluso revocar concesiones ante violaciones graves, como el uso indebido del espectro o la afectación al interés público.

La iniciativa, que será dictaminada en fast track, introduce como novedad principal la creación de una nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que absorberá las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y podrá actuar de oficio para “rescatar” bandas de frecuencia o cancelar concesiones, además de imponer multas que van del 0.01% al 5% de los ingresos del concesionario.

La narrativa oficial plantea que estas medidas buscan defender la soberanía informativa del país y frenar injerencias extranjeras. No obstante, diversas voces han señalado que el verdadero trasfondo parece ser la falta de voluntad del gobierno federal para aplicar las sanciones ya previstas a concesionarios que han permitido la transmisión en canales mexicanos de spots como los protagonizados por la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, quien lanza advertencias de deportación a migrantes indocumentados.

Frente a estos ataques mediáticos que refuerzan una campaña racista y xenófoba encabezada por el presidente Donald Trump —y que forman parte de una ofensiva electoral en su contra—, el gobierno de Sheinbaum ha optado por impulsar una nueva legislación en lugar de usar los instrumentos que la ley actual ya le proporciona para sancionar a quienes facilitan estos mensajes, dejando la impresión de que aprovecha el tema más bien para legalizar la censura.

El riesgo, apuntan especialistas, es que la iniciativa sirva más para ampliar el control político sobre los medios de comunicación y menos para proteger efectivamente a la comunidad migrante, que sigue siendo blanco de discursos de odio en territorio nacional sin una respuesta firme del Estado mexicano.

A pesar de las críticas, se espera que la reforma sea aprobada sin mayor discusión esta misma semana en el Senado. Mientras tanto, la comunidad migrante y defensores de derechos humanos continúan esperando acciones contundentes por parte del gobierno federal para frenar la difusión de mensajes discriminatorios y garantizar que los medios concesionados no se conviertan en altavoces de campañas ajenas a los valores democráticos y humanitarios del país.